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Finalizó la primera audiencia del juicio a Cristina Kirchner por corrupción

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El Tribunal Oral Federal (TOF)  abrió la primera audiencia por el reparto de licitaciones de obras viales a favor del dueño de Austral Construcciones por un total de $46.000 millones entre 2004 y 2015.

Cristina Fernández de Kirchner es imputada por formar parte de una asociación ilícita en calidad de jefe en la que se encontraría Néstor Carlos Kirchner entre el 8 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015 para apropiarse de fondos públicos con maniobras de defraudación al Estado. Ella continuó con la dirección de la matriz de corrupción en materia vial inaugurada por Kirchner. Asimismo, promovió el direccionamiento de recursos públicos hacia Báez y el no funcionamiento de los organismos de control.

Las claves de la acusación

«La inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial. Eso aconteció dos semanas antes de la jura de Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Baéz constituyó el 8 de mayo de 2003 con dos socios Austral Construcciones con un aporte de $12.000. Posteriormente se apropió de esa y otras empresas para aumentar su capacidad de absorción de licitaciones y declaró en 2002 bienes por más de un millón de pesos, en 2014 lo hizo por 137 millones. Parte de la maniobra fue convertirlo en empresario de la construcción gracias al papel de los otros imputados desde la administración pública».

«La exportación de una estructura provincial hacia el
nivel nacional para cubrir los puestos claves con las personas que
participarían de este plan: el presidente Kirchner, De Vido, López, Carlos
Kirchner, Fatala, Periotti. Cristina los reconfirmó en sus puestos».

«Concentración económica en materia vial en Santa Cruz,
provincia que Néstor Kirchner gobernó durante tres mandatos. Asignaron allí
$21.000 millones en ese período, lo mismo que a otras ocho provincias, o
similar a Buenos Aires, el distrito más poblado del país. Báez fue espuriamente
beneficiado».

«Direccionamiento de la adjudicación de la obra pública
en favor de Báez y en perjuicio de las arcas del Estado. Simulación de
competencia entre oferentes que en realidad no existía. Concurrencia de
empresas del mismo grupo a licitaciones. Imposición de 20% de aumento por sobre
presupuestos. Comprobación de sobreprecios. Omisión en la presentación de los
certificados de capacidad de adjudicación. Simulación de uniones transitorias
de empresas para luego dárselas a Austral Construcciones. Celeridad de las
adjudicaciones que revelaba la ausencia del análisis de las ofertas.
Adjudicación de nuevos contratos a pesar de incumplimientos en otras obras.
Ausencia del control de organismos de control. Terminación de solo 2 obras en el
tiempo de los contratos. Terminación de solo 26 obras a pesar del paso del
tiempo. Privilegios en el cobro a través de un canal de pagos anticipados
exclusivo para este grupo: 60 días. El resto de las constructoras: 210
días».

El juez federal Julián Ercolini consideró que los imputados realizaron maniobras de corrupción por $46.000 millones a través de 51 obras públicas de las 88 que se adjudicaron entre 2004 y 2015 en Santa Cruz para Vialidad.

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