Alberto hizo desaparecer $ 2.400 millones del Gobierno y la Policía Federal llegó a Terrazas del PortezueloPolítica 

Alberto hizo desaparecer $ 2.400 millones del Gobierno y la Policía Federal llegó a Terrazas del Portezuelo

A raíz de la denuncia presentada por diputados del Bloque San Luis Unido, con motivo de la  operación de venta de bonos realizada por funcionarios provinciales, el Juzgado Federal ordenó una serie de medidas probatorias para la verificación de la posible comisión del ilícito penal.

Durante la mañana de hoy, funcionarios federales se presentaron ante las oficinas administrativas para hacer un requerimiento formal a la Ministra de Hacienda Pública, al Contador General de la Provincia y al Tesorero General.

“No es el primer requerimiento efectuado,  los anteriores informes no resultaron satisfactorios y presentaban respuestas evasivas y confusas”, informó el diputado provincial Gastón Hissa, quien agregó que solicitó copia del expediente penal a fin de verificar el avance del mismo.

El requerimiento realizado en este jueves es a los efectos de que informen en el plazo de cinco días sobre las circunstancias en que se liquidaron los bonos que poseía la provincia hacia fines de 2016, como así también a cuánto y por qué conceptos se componía el saldo del Tesoro provincial, entre otros puntos del interrogatorio.

De acuerdo a lo denunciado, la provincia tuvo un ingreso de por lo menos $ 2.400 millones en el año 2017 producto de la operatoria de bonos y títulos. Sin embargo, dicho ingreso no fue registrado por la provincia, y consecuentemente el Tesoro provincial habría sido adulterado.

El Diputado Alejandro Cacace indicó que unos de los motivos por los que se solicitó la interpelación a la Ministra de Hacienda ha sido esta operatoria registrada con los bonos y que próximamente será tratado en el recinto.

De verificarse dicha situación los funcionarios participantes estarían incursionando en delitos de extrema gravedad con penas privativas de la libertad de 10 años además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

La instrucción es a los efectos de verificar la comisión de los delitos de FRAUDE EN PERJUICIO DEL ESTADO PROVINCIAL, ASOCIACIÓN ILÍCITA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, PECULADO, FALSEDAD IDEOLÓGICA y LAVADO DE ACTIVOS.

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