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viernes, marzo 29, 2024

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Provincia fundida: ATE amaga con medidas de fuerza ante las decisiones del gobernador Claudio Poggi

Los amigos y aliados de Alberto Rodríguez Saá, ATE), delegación San Luis, amenazan al gobierno de Claudio Poggi.

La situación financiera encontrada por Poggi al asumir el cargo es crítica, con un déficit que supera los 125 mil millones de pesos en el año 2023 y una proyección alarmante de alcanzar los 310 mil millones en 2024 si no se implementan medidas de ajuste. En respuesta a esta crisis, el gobernador anunció recortes y medidas de austeridad en diversas áreas del Estado.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), delegación San Luis y amigos del tio Alberto, ha repudiado enérgicamente las acciones anunciadas por el gobernador Claudio Poggi, generando un clima de alerta y asamblea permanente. Este rechazo incluye la advertencia de quita de colaboración y medidas de fuerza, marcando un enfrentamiento directo con el nuevo gobierno.

ATE, sin embargo, ha manifestado su total rechazo a estas medidas, especialmente al desdoblamiento del pago de salarios y la derogación del «Acuerdo de La Toma», que preveía el giro de fondos a los municipios para el pago de haberes. El gremio argumenta que estas decisiones dejarán a los empleados con ingresos insuficientes en un contexto económico adverso, empujándolos a situaciones de miseria y hambre. Pero la verdad que no quieren ver los gremialistas amigos de Rodríguez Saá es que no hay plata, que la provincia está fundida.

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En el comunicado oficial, ATE advierte que no descarta llevar a cabo asambleas con quita de colaboración en diferentes sectores provinciales y municipales, así como el endurecimiento de medidas gremiales hasta que se reviertan las decisiones consideradas.

El gobernador Poggi, por su parte, expuso públicamente la crítica situación financiera heredada, destacando el despilfarro irresponsable de fondos y los nichos de corrupción dejados por la administración anterior. Anunció medidas de austeridad y lucha contra la corrupción, recortando gastos superfluos y revisando contratos con proveedores vinculados a la gestión anterior.

Primeras medidas de Poggi: De entrada, el gobierno redujo en 40% la planta de funcionarios, son 600 menos. Y está la decisión de eliminar todo tipo de gastos superfluos. “Se terminan los viajes en aviones privados, los gastos reservados y los entes extrapresupuestarios, de nulo control administrativo y por ende nichos de corrupción y dilapidación de fondos públicos. Los vamos a eliminar”, aseveró.

También se van a revisar todos los contratos de prestadores de servicios del Estado, de salud, educación, seguridad; de toda la administración pública y los entes descentralizados. “Recibimos información, que tenemos que constatar, que se detectaron proveedores que estarían vinculados a funcionarios de la gestión saliente”, deslizó el mandatario puntano.

Empleo público y planes sociales: “En 2015 dejé la provincia con 20.317 agentes en la administración y ahora la recibo con 33.757 sin contar entes descentralizados y extrapresupuestarios. La planta creció un 66%. En cuanto a planes sociales, en 2015 la provincia tenía 9.754 beneficiarios y a noviembre de este año son 23.000, un incremento del 136%. Con estas cifras, el Estado, que pagaba sueldos a 30.071 personas cuando dejé el gobierno, ahora debe mantener a 56.757, un 89% más. Es lo que creció el recurso humano en cantidad en los últimos 8 años”, describió de manera cruda Poggi, quien dio una referencia para tomar dimensión del desastre: “En esos 8 años el crecimiento de la población de San Luis, a un 2% mensual, será de un 16%. La nómina del Estado creció un 89%, son cinco veces más”.

Por eso dijo que va a congelar la planta del personal de la administración pública al 30 de noviembre de 2023. “Vamos a revisar todas las contrataciones de personal de los últimos años, que creció exponencialmente, tanto previo a la elección del 11 de junio como luego de la misma. Vamos a revisar todos los cambios de situación de revista y anular todas las reubicaciones de los últimos meses”, describió, con el objetivo de “no tener más ñoquis, ni aprovechados del Estado ni funcionarios escondidos en reparticiones públicas. Aparecieron todos en los últimos días”.

Para comenzar a reordenar el caos, anunció que hará un censo presencial de empleados públicos, excepto los docentes, que quedarán para más adelante. Será el 20 y 21 de diciembre, en los mismos lugares de trabajo. Lo mismo pasará con los beneficiarios del Plan de Inclusión, aunque en este caso en la última semana del año.

Parque automotor: No existe ningún registro, ni el estado, ni su localización, ni su uso. “La información que tenemos es que había un uso indebido de parte de los funcionarios, sus familiares y terceros. Incluso haciéndose pagar la nafta de sus autos particulares con dinero de la administración pública”, contó a la población en su discurso.

La primera decisión es la de hacer un censo y recuperar vehículos y maquinarias usados por particulares y transferidos a instituciones en los últimos días. “También tenemos información de vehículos innecesariamente alquilados a proveedores muy vinculados a funcionarios de la gestión saliente”, acusó, en lo que sería un hecho más de corrupción que no dudó que presentarán en la Justicia.

Obra pública: El Ejecutivo va a suspender las obras públicas millonarias que recibieron adelantos financieros millonarios de la gestión anterior “sin haber puesto ni medio ladrillo”. Con el resto que está en ejecución, aseguró Poggi que se van a “sentar con cada contratista con la misión de conciliar la necesidad de continuar la obra, la preservación de los puestos de trabajo y la realidad financiera del Estado”.

Pauta publicitaria: Quedará suspendida por 4 meses, hasta el 31 de marzo. Se va a establecer a partir de allí un criterio distributivo que garantice transparencia y equidad. “Solo en 2023 el Estado gastó $4.380 millones en concepto de pauta, una barbaridad. Como dato perverso, el grupo Payné, del gobernador saliente, recibió el 29 de noviembre, diez días antes de irse un pago de $126 millones”, denunció.

Acuerdo de La Toma: También quedará sin efecto el convenio con los municipios, que recibieron dinero para llevar los sueldos muy por encima de lo que estaban sin pensar en las consecuencias. “No tenemos los fondos para afrontarlo”, reconoció.

Declaración de emergencia: “Hoy firmé en acuerdo de ministros un decreto, el número 150, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, administrativa, social, sanitaria, alimentaria, educativa y de seguridad por el término de un año”, adelantó el gobernador, quien aseguró que, aun llevando adelante todas estas acciones de austeridad y lucha contra la corrupción, “no cubrimos la totalidad del déficit de $309.567 millones. El descalabro financiero, el uso irresponsable de los fondos públicos y el exceso de gastos hacen que debamos tomar dos medidas más, dolorosas e inéditas en los últimos 40 años”.

Pedido de un préstamo: Poggi va a convocar para la semana próxima a sesiones extraordinarias a la Legislatura para elevar un proyecto de ley, tal como lo establece la Constitución, para que la provincia tome un empréstito, es decir deuda. “Si no lo hacemos no podremos pagar los salarios de enero y ni hablar en el resto del año. Es una cifra estimada de 6 meses de coparticipación, unos $150 mil millones”, contó.

Sueldo desdoblado: “La segunda medida, lamentablemente con mucha angustia, dolor y bronca, será la de pagar por primera vez en 40 años el sueldo en dos partes. “Deberemos desdoblar en dos cuotas los salarios de diciembre y enero. El de diciembre se pagará la mitad el viernes 29 y la otra mitad el martes 16 de enero. El de enero se pagará la mitad el 31 de ese mes y la otra el viernes 16 de febrero”, describió.

Para que se sumen a esta cruzada de austeridad, dijo que va a instruir a las universidades provinciales y entes del Estado a que adopten la misma medida y hará extensiva la invitación a los poderes judicial y legislativo, ya que el dinero sale del mismo fondo.

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