Contraofensiva penal para frenar el referéndum de Cataluña

BARCELONA– El Fiscal General del Estado español, José Manuel Maza, anunció hoy dos querellas criminales por la convocatoria del referéndum unilateral de secesión del 1 de octubre en Cataluña, una contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y todo su gobierno, y otra contra los diputados que permitieron que se admitiera a trámite la ley que pretende amparar la iniciativa.

En una comparecencia sin preguntas, Maza explicó que también dio órdenes a las fiscalías de los tribunales de Cataluña para que, con auxilio de las fuerzas de seguridad, se investiguen “las actuaciones dirigidas a la celebración del referéndum en Cataluña por ser constitutivas de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación”.

Estos delitos podrían conllevar a la suspensión e inhabilitación de los dirigentes políticos implicados en la iniciativa considerada “ilegal”.

Maza precisó que la “policía judicial” será la responsable de incautar los instrumentos que se utilicen para la consulta.

Desde ayer, la Guardia Civil custodia la entrada de una imprenta en un polígono industrial de Constantí, en Tarragona, al sur de Barcelona, que sería la encargada de imprimir el censo que el gobierno pretende utilizar para el referéndum del 1 de octubre.

“Las fiscalías de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Cuentas, y las fiscalías catalanas, seguirán actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y con plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional”, subrayó el Fiscal general del Estado desde Madrid.

Las querellas criminales “se están ultimando”, sostuvo Maza, quien por un lado actuará contra el gobierno catalán por firmar el decreto de convocatoria del referéndum y, por otro lado, contra los diputados que conforman la Mesa del Parlamento catalán, con la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, a la cabeza, quienes ayer permitieron que se debatiera y aprobara la ley del referéndum del 1 de octubre.

Al margen de esta decisión de la Fiscalía, el gobierno español recurrió al Tribunal Constitucional para derogar las decisiones adoptadas por el gobierno y el parlamento catalán relativas al referéndum unilateral, por ser inconstitucionales.

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