El gobernador reseñó que “han pasado tres años sin que se cumpla el fallo” y consideró que desde su administración tuvieron “paciencia” y fueron “tolerantes”.
“Aceptamos que durante el primer año de gestión del gobierno nacional (de Mauricio Macri) debíamos de alguna manera acompañar el esfuerzo que hacía el gobierno para ordenar las cuentas y permanecimos a la expectativa; recién en el segundo año, en el 2017, se comenzaron realmente a entablar algunas negociaciones”, agregó.
En esa línea, lamentó que no se lograron avances y dijo que fue muestra de buena voluntad que en noviembre de 2017 se incluyera en el Consenso Fiscal firmado por 23 provincias “una cláusula especial donde las dos partes nos comprometíamos antes del 31 de marzo a dejar resuelto este tema”.
Dijo que ese acuerdo tampoco fue cumplido y ahora, pasados unos meses, hay “un cambio de escenario económico” que tocó las bases sobre las cuales negociaron.
“Es indispensable que se ponga una fecha perentoria, que la Corte le ponga límite a esta negociación y satisfaga el reclamo de la provincia de Santa Fe”, añadió.
Al ser consultado sobre los montos que reclama Santa Fe, Lifschitz dijo que “va a depender de los criterios que tome la Corte para hacer esa actualización”, pero estimó que “la cifra puede estar entre $ 75.000 y $ 100.000 millones”.
Luego dijo que un hospital de alta complejidad como los que construye su gobierno en Venado Tuerto, Santa Fe y Reconquista “cuesta alrededor de 2 mil millones”, por lo que calculó que se habla de “alrededor de 50 hospitales de los más complejos”.
El primer planteo de Santa Fe ante la Corte fue realizado durante la gestión del gobernador Hermes Binner (2007-2011) y tuvo fallo favorable para la administración de Lifschitz en noviembre de 2015.
Originalmente se trataba de unos 22 mil millones de pesos y durante las tratativas de 2017 la provincia realizó un cálculo que situaba la deuda en más de 50 mil millones.
Los negociadores nacionales ofrecieron pagar casi 32 mil millones de pesos con bonos a 12 años y tres de gracia, añadiendo una serie de obras de infraestructura a ejecutarse a partir de 2019 como compensación por la diferencia con lo estimado por la provincia. Esa negociación se terminó de frustrar con el avance del precio del dólar de mediados de este año y motivó la nueva presentación santafesina ante la Corte.