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El gobierno buscar proteger a las pymes modificando la Ley de Lealtad Comercial

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El presidente Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para reformar la ley 22.802, de Lealtad Comercial, con el fin de endurecer los controles a los supermercados, proteger a las pymes y regular la competencia en el comercio.

De acuerdo a lo informado, la modificación de la ley prevé aplicar multas de hasta 200 millones para las empresas infractoras.

Este DNU modifica una ley que tiene más de 40 años de vigencia y que fue implementada en la época de la dictadura, asimismo es un guiño a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien había presentado una Ley de Góndolas.

El texto del decreto de 77 artículos, agrupados en ocho títulos, comienza hablando de la “competencia desleal”. En el artículo 4, aclara que se aplicará la ley «en cualquier acto de competencia desleal, realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse». Además precisa que «la aplicación no está supeditada a la existencia de una relación de competencia entre los sujetos del acto de competencia desleal». En el artículo 8, agrega que para identificar un acto de competencia desleal «no será necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial».

La modificación de la ley multará a
aquellos que pretendan vender por debajo del precio de adquisición o
fabricación, para eliminar u obstaculizar a un competidor; y castigará a
aquellas situaciones en las que se violan normas y se saca ventaja a la
competencia de esa situación.

Enfocado en las pyme, el inciso D, además, habla de los casos de abuso de situación de dependencia económica. Se trata de aquellos en los que se busca «explotar la situación de dependencia económica en que pueda encontrarse una empresa cliente o proveedora» y se le pidan descuentos o condiciones «adicionales que no se conceden a compradores similares».

Otra de las modificaciones de la presente
ley señala que se considerará desleal la obtención, bajo la amenaza de ruptura
de las relaciones comerciales, de precios, condiciones de pago, modalidades de
venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones no recogidas en el
acuerdo pactado o sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales.

La Secretaría de Comercio Interior, tendrá mayores facultades y se fijará un nuevo procedimiento administrativo para la resolución de los conflictos. Entre las sanciones previstas por el decreto figuran una multa económica de hasta 10 millones de unidades móviles -hoy unos 200 millones de pesos- cuyo valor se actualiza por el Indice de Precios al Consumidor, la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado por hasta cinco años, la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales y la clausura de hasta 30 días.

Con este DNU el Gobierno quiere lograr que se agilice la resolución de conflictos reforzando la ley de Defensa del Consumidor. Por último, se establece el “Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos”, que será de uso obligatorio para los proveedores y prestadores.

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