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La persona y el trabajo: el lado más sensible de los vaivenes económicos


El sistema productivo que un país logre configurar y, por lo tanto, las políticas económicas que diseñen esa estructura (o que no alcancen a diseñarla, por ser erráticas e inestables) tienen su repercusión, en última y fundamental instancia, en la vida de las personas.

Porque eso a lo que llamamos “la economía” de un país influye, en definitiva, en cuestiones relativas a la calidad de vida y a la manera en que la persona se vincula con los demás seres humanos y con la sociedad como un todo. Y es el trabajo lo que en buena medida le da forma y sentido a las conexiones.

Algunos factores concretos que hacen a la construcción de la calidad de vida y de los vínculos sociales son: las condiciones individuales y del entorno para poder acceder a una actividad laboral (ya sea desde el desarrollo de algo propio o desde la inserción en una empresa); la posibilidad de recibir ingresos que sean suficientes y estables (incluso, más allá de la situación ocupacional de un momento); la chance de lograr una gestión equilibrada del tiempo, y la oportunidad de contar con servicios de cuidados de la salud, con protección ante contingencias y con aportes para un ingreso en la etapa posterior al retiro.

En la Argentina, para buena parte de la población las carencias relacionadas con esas cuestiones son profundas y persistentes. La informalidad afecta a alrededor del 35% de los asalariados, según el último dato de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (al cuarto trimestre de 2018). Y la tasa es, históricamente, mucho más alta entre los cuentrapropistas, un segmento en el que muchas veces no existe más que una economía de subsistencia. En este último grupo, además, hay una cantidad significativa de personas que aportan dentro del sistema del monotributo, que prevé la jubilación pero con aportes demasiado bajos para la sostenibilidad del sistema.

La encuesta del Indec muestra que, además de que 9 de cada 100 personas activas buscan trabajo y no consiguen (son los desocupados), entre quienes sí tienen una ocupación uno de cada cuatro demanda otro puesto. Algunos, por estar subocupados (trabajan menos de 35 horas, muchas veces en changas informales) y otros, por motivos que pueden ser económicos.

Mientras que el mapa laboral del país es tan preocupante como lo es una pobreza del 32% (el índice corresponde al segundo semestre de 2018 y, según se estima, hoy ya es más grave), aparecen y ganan espacio, dentro y fuera de las fronteras, los desafíos vinculados a los acelerados cambios tecnológicos, a las exigencias ambientales a partir de una mayor conciencia de la finitud de los recursos del planeta, y a la aparición de nuevas formas de trabajo, como las de economías de plataforma.

Con la intención de actuar “como una brújula”, los últimos informes sobre el “trabajo del futuro” elaborados por o a pedido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierten que los gobiernos deben estar alertas ante los cambios, porque los riesgos que en muchos casos conllevan (como una ampliación de la brecha entre ricos y pobres) pueden (y deben) ser atajados con políticas adecuadas.

En el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, que se presentó en enero pasado en la sede de la OIT, en Ginebra, los expertos que habían sido convocado más de un año antes por el organismo, expusieron varias recomendaciones de políticas que serán discutidas en junio, durante la conferencia que la OIT -creada tras la Primera Guerra Mundial- celebrará en el año de su centenario.

En un evento desarrollado a propósito de ese aniversario, en el que se hizo una transmisión global por internet durante 24 horas con la participación de 24 ciudades del mundo -entre ellas, Buenos Aires-, los tres representantes argentinos ante el organismo se expresaron sobre la coyuntura y el largo plazo.

“Cuando uno observa lo que ha sido la historia en los últimos 40 o 50 años, ve que como país generamos un equilibrio de economía política mediocre; por mucho tiempo fuimos una economía altamente cerrada, que no generó procesos de inversión sostenibles para que haya empleos de calidad -dijo Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo y representante del Gobierno en la OIT-. Si no miramos los componentes estructurales no podemos entender cómo, después de 30 años en los que hubo períodos de crecimiento fantástico, tenemos más de 30% de empleo informal”. Consideró también que los problemas tienen que llevar a la reflexión “no solo a los sectores políticos, sino a los sindicales, que a veces no terminan de entender la naturaleza de los cambios y entonces son, de alguna manera, partícipes de las deformaciones del mercado laboral”.

Con la mirada más puesta en la coyuntura, el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, Uocra, Gerardo Martínez (representante del sindicalismo) había dicho, minutos antes, que la seguridad jurídica que debe reclamarse no es solo para lo económico financiero, sino también para los bolsillos de los trabajadores: “Tenemos un salario y merecemos seguridad para el poder adquisitivo; sin ser apocalíptico, hoy la realidad es bastante complicada”. Y evaluó que discutir recomposiciones de salarios por debajo de la inflación es un elemento generador de pobreza.

“Los cambios globales impactan en la Argentina y si no practicamos el diálogo social como herramienta de Estado, tendremos un escenario de conflictividad de alto voltaje”, advirtió el dirigente sindical.

“Para la persona, el factor más vinculante desde lo social es tener un empleo formal, bien remunerado y con protección; eso tiene que estar en el centro del debate en el marco de los cambios tecnológicos”, afirmó por su parte Sica.

Desde la representación del empresariado, Daniel Funes de Rioja puso foco en el desafío de contar con un sistema educativo que sirva “para desarrollar capacidades no solo de los asalariados, sino también de los emprendedores, porque la Argentina está vista como uno de los países más creativos de la región”. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) sostuvo que el país necesita “evitar por todos los medios que se formen núcleos, sean de inmigrantes o de trabajadores locales, en los que se vulneren derechos fundamentales”, en un mundo donde “hay países enteros que vulneran todos los derechos y que tienen su ventaja comercial por ese lado”.

Al debate sobre el cumplimiento de los derechos básicos de los trabajadores se sumó en los últimos tiempos el tema de las economías de plataforma. En muchas latitudes se discute sobre las posibles regulaciones y el mencionado informe de la OIT recomienda, entre otros puntos, establecer una garantía de ingreso básico. En la Argentina, una organización de trabajadores espera su reconocimiento formal como sindicato del sector. Si son asalariados o cuentapropistas quienes cumplen tareas surgidas de las plataformas, es una cuestión aún sin respuesta formal.

Y un tema para el debate referido a estas y otras formas de trabajo será el de los aportes para la seguridad social. En una Argentina que en unos 15 años dejará atrás su bono demógráfico (el período previo al de un crecimiento significativo de la participación de las personas en edad pasiva en la población total), cualquier cambio en lo laboral no puede perder de vista al sistema previsional. Que las políticas estén entrelazadas y coordinadas entre sí es condición para su estabilidad.

“Desde el regreso de la democracia, los actores sociales nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, pero no en lo que tiene que ver con la economía”, advirtió Sica, durante el acto en el que se conmemoró -específicamente- el centenario del día en que, previo al Tratado de Versalles, se decidió conformar la OIT. Y concluyó: “Hemos sido un laboratorio de experiencias de política económica por 35 años. Y, en el fondo, se perjudican los trabajadores, afectados por la inestabilidad”.

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