Feb 01, 2021
Para una defensora, que la causa esté en la Justicia Federal es una intromisión en la autonomía provincial.
Esta semana, los tres policías que fueron detenidos bajo la sospecha de haber participado el 21 de abril de 2019 en la violación de una detenida federal en la Comisaría de Villa de la Quebrada sabrán si son procesados o no. Para hoy y mañana están previstas audiencias, en las que les tomarán declaración a testigos que son de interés para las defensas. Pero, al margen de ello, la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en San Luis, Claudia Ibáñez, planteó la incompetencia federal. Es decir, considera que la causa debería ser investigada, en todo caso, por la Justicia provincial.
En contacto con El Diario, la funcionaria explicó cuáles son los fundamentos de su planteo. “La federal es una competencia de excepción. Es en función de delitos que están reglados en el Código Procesal. Los delitos contra la integridad sexual (NdP: como el que se investiga en este caso) no son, en principio, en razón de la materia, de competencia federal. Tampoco lo es en razón del territorio porque, según la denuncia, es un hecho ocurrido en una comisaría de la provincia. Y en razón de las personas, la Constitución Nacional prevé la competencia federal pero ante un determinado grupo o categoría de personas, que son, por ejemplo, los embajadores o funcionarios nacionales, es decir en razón de la investidura, que no es el caso”, resumió.
Al fiscal federal Cristian Rachid, que impulsó el llamado a indagatoria del oficial principal Funes y de los auxiliares Chacón y Quiroga, ya le corrieron vista para que opine al respecto del planteo de Ibáñez.
Pero la defensora sabe que la Fiscalía va a sostener que la competencia es federal, con el argumento de que la denunciante era una detenida federal. Ella refirió haber sufrido el ataque sexual en circunstancia de haber estado alojada de modo provisorio en una comisaría provincial, aunque su arresto fue dispuesto por la Justicia Federal, ya que se la investigaba por un delito federal (la presunta puesta en circulación de billetes falsos en un baile de Luis Soloa que se hizo en Villa de la Quebrada). “Pero no está previsto ni en la Constitución Nacional, en el Código de Procedimiento ni en ninguna norma. Y, en este caso, me parece particularmente grave porque la Constitución Nacional diseña un procedimiento que busca asegurar la autonomía de las provincias. Por lo tanto, al meterse la jurisdicción nacional en el ámbito de la provincia, es una intromisión en la autonomía de la provincia”, aseveró la defensora.
Ibáñez inicialmente asistió en la indagatoria a los tres policías. Después, la representación de uno de ellos, Quiroga, fue tomada por un abogado particular. Tras la última indagatoria (que fue el 22 de enero, cuando fueron citados los dos auxiliares), Ibáñez solicitó medidas de prueba, entre ellas testimonios y una inspección ocular en la seccional de Villa de la Quebrada. Pero toda la semana pasada transcurrió sin que se proveyeran medidas, por lo que se ve seriamente afectada y limitada la tarea de la defensa, consideró.
Recién el viernes pasado la notificaron de que se habían fijado audiencias testimoniales para el primer y el segundo día de febrero. Para esas dos jornadas están citadas policías mujeres que trabajaban en la mencionada comisaría. Una de ellas es una inspectora que participó de las diligencias propias de la detención. “Se ha admitido toda la prueba testimonial, pero han fijado audiencias solo para cuatro testigos, lunes y martes. La inspección se proveyó también, y Fiscalía comparte la necesidad de que se haga esa medida, pero agregó que le interesa que intervenga la víctima, por lo cual queda sujeta a que esté ella. No han fijado fecha aún”, indicó.