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La justicia avanza en la causa por los hisopados en Ezeiza con varios allanamientos

El caso de los hisopados en Ezeiza ya había tenido un primer capítulo judicial cuando al menos tres denuncias llegaron al fuero federal. Pero ahora fue un magistrado el que movió un par de fichas fuertes.

Ayer al mediodía, la Justicia allanó el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las oficinas de la concesionaria, Aeropuertos Argentina 2000, y la sede de la Fundación Educativa San Lázaro, encargada de la firma del contrato con el misterioso laboratorio LabPax.

Sobre el mediodía, a la sede de la empresa, en Honduras 5663, en Palermo, llegaron dos móviles de la División Delitos contra la Salud Pública y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal Argentina. Eran enviados del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, y se dispuso en una de las denuncias presentadas ante ese fuero después de la investigación publicada en LA NACION la semana pasada.

Allanamiento en las oficinas de AA200, en PalermoGerardo Viercovich

La información fue confirmada inmediatamente por fuentes de Aeropuertos Argentina 2000, que aclararon que se prestó “total colaboración” y se entregó toda la información solicitada.

Pero hubo más. Al Aeropuerto de Ezeiza también llegaron oficiales de la Policía Federal con otra orden de allanamiento. La Justicia se dirigió a comprobar cómo funcionaba el sistema de hisopado.

Nadie informó si desde la estación aérea se llevaron algún tipo de documento o pruebas. Tampoco trascendió si la diligencia contempló el secuestro de los registros digitales de las cámaras de seguridad del aeropuerto, determinantes para entender si los tests se hacían, y en su caso, en qué tiempo se entregaban los resultados de los que se realizaban.

Mientras tanto, la parte contractual era investigada por otro lado. Sobre el mediodía, se allanaba la sede de la Fundación San Lázaro, donde también funciona el Colegio Mekhitarista de Buenos Aires, ubicado en Virrey del Pino 3511, Belgrano. Sucede que fue la fundación la que formalmente estampó su firma para contratar a LabPax. De hecho, el presidente de la organización sin fines de lucro, Carlos Potikian, fue el que firmó el contrato con la socia gerente del laboratorio, la monotributista Laura Nadia Viviana Cáceres.

La relación de San Lázaro con la empresa deviene de otro contrato que firmó con Aeropuertos Argentina 2000 en enero pasado. Entonces, la concesionaria le entregó un espacio a la fundación para que montara un área para hacer hisopados en la estación. La idea era que mediante este vehículo se destinara dinero al Hospital de Ezeiza, alrededor del 15% de lo recaudado.

Centro de testeos covid en ezeizasilvana colombo

Con ese acuerdo en la mano, que firmó Potikian y Patricia Eurnekian, devino la contratación de LabPax, que tomó a su cargo la realización del hisopado a cambio de entregar el 29,49% del total de la facturación bruta a la Fundación Educativa San Lázaro. De ese dinero, a su vez, esta entidad entregaría el 15% al hospital de Ezeiza. Justamente en busca de estos documentos llegó la Justicia al domicilio de la ONG, en Belgrano.

A las 14.30, y después de varias horas dentro del edificio, cinco personas salieron de las oficinas de Aeropuertos Argentina 2000. Llevaban apenas algunas carpetas y ninguna computadora.

La investigación que se lleva a cabo surgió a partir de una nota publicada por LA NACION, en la cual se conoció que LabPax es una empresa conformada por dos monotributistas sin antecedentes en análisis clínicos. Una de sus dueñas es Paola Perillo Orellana, quien está inscripta en la categoría más baja, con una facturación de $18.000 por mes. La otra es Cáceres, que puede facturar hasta $34.700 cada 30 días.

Los allanamientos se decidieron en la denuncia presentada por las diputadas nacionales Mariana Zuvic, Juan Manuel López y Paula Oliveto. En el escrito, las legisladoras piden varias medidas de prueba, entre ellas, “la nómina de personal de LabPax y Sanity Care Internación Domiciliaria”, uno de los laboratorios que estarían detrás de la polémica empresa de las monotributistas.

Justamente, al ser consultados, en la sociedad prefirieron guardar silencio y apenas se limitaron a aclarar que los empleados que intervienen en el proceso de LabPax son 180.

A raíz de lo sucedido, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), responsable de regular y fiscalizar los servicios que se prestan a los viajeros en los aeropuertos, emitió un comunicado en el que se deslindó de toda responsabilidad y apuntó contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, durante el mandato de Mauricio Macri. Vincularon al funcionario de Juntos por el Cambio con la presunta tercerización del servicio por parte de San Lázaro en LabPax y en Sanity Care. “Es importante señalar que ni este organismo, ni ningún otro, participa ni tiene responsabilidad en la selección del prestador”, dijo.

Tarde, el Ministerio de Salud también se presentó en juzgado de Lomas de Zamora. Tratará de se denunciante en una causa en la que está denunciado.

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