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Los servicios públicos y un valor de referencia

Nuevamente aparece el mono tema de la economía argentina: la inflación. Como un monstruo de múltiples cabezas, una y otra vez, el lastre con el que carga el sistema desde hace casi cinco décadas, al menos, vuelve a plantear dilemas en la ejecución y hasta en el diseño de políticas económicas. Esta vez ante una realidad palpable: en los últimos 24 meses, las transferencias del Tesoro Nacional destinadas a cubrir la diferencia entre las tarifas de los servicios públicos y su costo fueron US$ 6.700 millones, anualizados, en abril pasado.

Dichas transferencias, por de pronto, tienen un impacto negativo sobre el objetivo comprometido en el Presupuesto 2021 de acotar el déficit fiscal. La promesa de recomponer, aunque sea parcialmente los precios, tenía una lógica financiera irrefutable. Según el último informe elaborado por Alejandro Einstoss y Julián Rojo, del Instituto de la Energía “General Mosconi”, que nuclea a profesionales del sector, hay una fuerte presión al alza impulsada por los consumos de invierno; el aumento de las importaciones (tanto en volumen como por precios internacionales que duplican los de 2020) y por la continuidad del congelamiento de los precios de la energía.

Historia. La convivencia de la administración kirchnerista con las tarifas de los servicios púbicos es peculiar. Con la ruptura de los contratos por la gran devaluación del 200% luego de la convertibilidad el sistema entero de precios colapsó. “Las tarifas tienen que reflejar los costos, pero los costos deben ser lo más bajos posibles”, acota Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL y especialista en regulación de servicios públicos. “Eso se rompió por la crisis del 2002 y luego se desnaturalizó por congelamientos y restricciones”, agrega. Muchos de los concesionarios plantearon demandas ante el Tribunal de la CIADI en el que el planteo más importante era la imposibilidad de ajustar los ingresos ante la suba de los costos de explotación. Esta situación se comenzó a agravar cuando la inflación se aceleró y más tarde cuando el balance energético empezó a ser negativo y fue necesario importar. El Instituto Mosconi calcula que en ese período las transferencias por subsidios fueron de US$ 100.000 millones, pasando de US$ 6.600 millones en 2011 a US$ 17.000 millones en julio de 2015. Luego del reajuste de la administración de Cambiemos se redujeron a US$ 4.800 millones anuales para diciembre de 2019, pero en ningún caso se eliminaron.

En los primeros años y hasta 2011, el proceso de demanda de más subsidios para no parar la producción sin que se volcara en las facturas y especialmente en el principal núcleo electoral (el Gran Buenos Aires) fue creando un sistema que se retroalimentaba. Sin embargo, la coyuntura es muy diferente a la actual: en primer lugar, la inflación ejerce una gran presión sobre los costos; además la baja circunstancial del precio internacional de la energía en el primer semestre de la pandemia volvió a los niveles previos con el reinicio de actividades. Una buena noticia para la producción de Vaca Muerta, pero una mala para la Tesorería, que tendrá esa misma presión para cubrir la brecha creciente entre tarifas y costos. Una tensión que desembocó hace tres semanas en una singular puja interna dentro del heterogéneo equipo económico. Mientras el Ministro aseguraba que, como indicaba el Presupuesto, se actualizarían las tarifas, el Subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ponía un techo a la pretensión de la caja: 9% en la factura final. Una batalla paralela, más discreta, aunque con similar resultado, fue la que se desató con el “otro” Federico, Bernal, interventor en el ENARGAS, el ente regulador que se ocupa de ajustar el funcionamiento del servicio a la normativa vigente.

Caja negra. Por un lado, la preocupación del Gobierno sobre el sistema en su conjunto tiene que ver con acotar una fuente de generación del déficit fiscal que puede crecer por encima de la inflación si se desmadra. Según el último informe disponible de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiara Pública (ASAP), las transferencias de carácter económico para el financiamiento de gastos corrientes y de capital de empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado sumaron $175.093 millones durante el primer trimestre de 2021, con un incremento de 171% interanual, “debido al comportamiento de las Transferencias Corrientes (subsidios), que constituyen la porción dominante”, detalla. En particular, las Transferencias Corrientes al Sector Energético, fueron de $105.150 millones (+228 % interanual), siendo el principal foco la cuenta de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrica (CAMMESA), el organismo que tiene como objetivo nada menos que “la coordinación de las operaciones de despacho, la responsabilidad por el establecimiento de los precios mayoristas y la administración de las transacciones económicas que se realizan a través del Servicio Interconectado Nacional (SIN). En realidad, oficia como fuelle entre lo que reciben las intermediarias, públicas o privadas, o las distribuidoras finales, que encontraron en no pagar en tiempo y forma el insumo eléctrico una manera de adecuar los costos crecientes con una tarifa semi congelada. En el último año, las transferencias del Tesoro hacia CAMMESA fueron el 75% del total de los entregados al sector energético: US$ 4.800 millones anualizados para abril pasado. El Instituto Mosconi proyecta que para diciembre próximo la tarifa, en promedio, sólo cubrirá el 30% de los costos de generación eléctrica. Los costos de generación en los últimos 24 meses crecieron 80%, mientras que el precio solo lo hizo el 5%. Además, las distribuidoras utilizan la cuenta corriente con la empresa para financiarse y acumulan una enorme deuda: $ 140.000 millones a fin del 2020.

Gas en invierno. El otro sector que acumula subsidios es el del gas, no tanto en el pasado sino en una preocupante proyección futura para el rojo fiscal que tanto intenta eludir Martín Guzmán. “Las formas actuales de producción no convencional de gas –por la fractura-hacen que la sensibilidad del precio y condiciones de desarrollo impacten muy pronto. Si no se encuentra ese piso, no hay actividad para producir”, explica Mauricio Roitman, expresidente del ENARGAS suspendido de sus funciones junto con el resto del directorio en marzo de 2020 a pesar de haber estado nominados por concurso. Como en otras dependencias, el poder se bifurca y muchas veces el organismo termina generando políticas energéticas en lugar de aplicar las normas. “Si se sostiene que todo precio es político, lo que no paga el consumidor lo terminará pagando el contribuyente a través del Tesoro”, enfatiza.

El vigente Plan Gas, asegura a los productores US$ 3,50 por millón de BTU (la medida internacional para el mercado del gas) pero las distribuidoras pagan algo menos de US$ 2, un valor en pesos que se fue depreciando desde 2019. También el sistema tiene contratos por gas boliviano (US$ 4,70) y los barcos regasificadores pueden constituirse en otra opción puntual, pero más cara (US$ 8). La diferencia entre ambos es cubierta por el Estado y la discusión acerca del aumento del 30% impactará en el consumidor final un 9%. Este monto irá creciendo a medida que no se actualice el tramo de la distribución e incluso pueda existir una devaluación que no se quiera trasladar a los precios finales.

Segmentos. Finalmente, el peso de los servicios públicos en el IPC nacional (1,83% para el gas, 0,7% para la luz y 0,64% para el agua) tensa la decisión de actualizar su precio o aumentar el subsidio si los costos se escapan, muchas veces por alteraciones del mercado internacional de la energía. Aparece la tentación de desconectar el mercado local con el global. “Si insistimos en hacer lo que queramos, sin importar lo que pasa en el mundo, es volver a vivir con lo nuestro, cuando los precios internacionales te ofrecen señales de cómo consumir para vivir mejor”, concluye Urbiztondo.

También los precios a nivel interno pueden ofrecer esa invitación a orientar el consumo y la inversión. Claro que con todos los bienes moviéndose al 4% mensual en promedio, la amenaza de distorsión se convierte en la debilidad de este mal endémico: la inflación.

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