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¿Habrá lluvia de pesos en medio de la crisis política?

La crisis política introduce más límites a la eficacia del paquete de medidas que analiza el Gobierno para mejorar los ingresos de la población con la mira puesta en las elecciones de noviembre.

Los especialistas coinciden en que la cuesta ya era empinada, incierta y difícil: ahora mucho más por el conflicto en la cumbre del poder. Un informe de la consultora Invecq resulta revelador: “El poder adquisitivo de la AUH cayó 23% entre las PASO de 2019 y las del domingo pasado”. No es un dato menor: el subsidio favorece precisamente a los sectores que el oficialismo intenta seducir, sobre todo en el conurbano bonaerense.

“Con la derrota electoral, no hay dudas de que la decisión política será poner toda la carne al asador en materia de gasto, emisión monetaria y asistencia social en estos meses”, dice el director de Anker, Federico Furiase. La batería de medidas prevista, hoy trabada por el conflicto entre el presidente, Alberto Fernández, y su socia de coalición, Cristina Kirchner, contempla bonos a jubilados, refuerzos en la AUH, un “nuevo” IFE y subas salariales.

Guido Lorenzo, director ejecutivo de la consultora LCG, cree que volcar plata en los bolsillos no modificará el escenario electoral.

“La lectura del oficialismo es poner plata en el bolsillo y mover un poco el consumo, pero no creo que mueva la aguja hasta las elecciones”, explica Guido Lorenzo, de LCG. Gabriel Caamaño, de Ledesma, coincide pero interpreta que la discusión de fondo que detonó la crisis política es el grado de las mejoras. “No discuten la lógica del cepo sino cuán profundo debe ser”, interpretó el experto.

Para analizar las principales variables económicas en este contexto de alta incertidumbre política, Clarín convocó a una mesa redonda virtual entre economistas. Además de Furiase, Caamaño y Lorenzo, aceptaron la propuesta Soledad Pérez Duhalde (Abeceb), Fernando Marengo (Arriazu Macroanalistas), Fausto Spotorno (Orlando Ferreres y Asociados) y Lorenzo Sigaut Gravina (Equilibra). A continuación, una síntesis sobre lo que puede ocurrir en los próximos 2 meses decisivos.

1) El impacto de los “anabólicos” en el bolsillo

Lorenzo: La decisión del Gobierno es avanzar en el gasto, pero lo que hay que evaluar es cuánto se gana y pierde con esto. Las posibles mejoras en el bolsillo no son sustanciales y no cambian las expectativas en estos 2 meses. La crisis les quita la poca efectividad que podían tener.

Caamaño: El plan es inyectar pesos para generar una mejora transitoria de los ingresos. Algo que impacte rápido en el corto plazo, con transferencias directas a las familias. Ellos lo tienen claro. Después se verá. El objetivo es recuperar votos del conurbano bonaerense, en especial los de la tercera sección electoral. Lo más fácil y más rápido es el IFE y las jubilaciones. Ahora, es difícil que eso mueva la economía.

Sigaut Gravina: La dura derrota en las PASO impactó en la unidad de la coalición gobernante y aumentó la necesidad de imprimir un sesgo aún más expansivo a la política económica. Esto significa que en el corto plazo habría más gasto, más rebaja de impuesto a las Ganancias, más crédito subsidiado, más ancla cambiaria y tarifaria. Si el Ejecutivo resuelve la crisis de gabinete, podrá volcar muchos pesos en la calle que tenderán a presionar el mercado cambiario. Hay poder de fuego para llegar a las Legislativas, pero la presión para salir del actual esquema de retraso del dólar oficial será muy elevada.

Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, analiza el impacto económico del resultado de las PASO.

Marengo: Es de esperar que el Gobierno, en un intento por revertir el resultado de las PASO, realice una expansión del gasto mayor que la proyectada. La disputa entre las dos alas del oficialismo se puede resumir en un sector que reconoce las restricciones presupuestarias y otro que se inclina por el populismo económico que desconoce las limitaciones de financiamiento.

Pérez Duhalde: Seguramente se tomarán mayores medidas proelectorales. La duda es si la aceleración expansionista se hará “con cierta cautela” o se “irá por todo”. En cualquier caso habrá más pesos en la calle: alguna transferencia directa de ingresos para sectores más vulnerables (que podrá, o no, llamarse IFE), bono a jubilados, aumento de la AUH y refuerzo de las políticas alimentarias.

2) Inflación

Pérez Duhalde: La mayor inyección de pesos para fondear más déficit fiscal puede impulsar la brecha y la inflación al alza, tanto por la vía del excedente de pesos como por el canal de las expectativas. Mientras que la mayor presión sobre el BCRA, obligándolo a ceder más reservas, podría forzar a “soltar” levemente el tipo de cambio oficial. El Gobierno no va a querer devaluar bajo ningún concepto y tiene con qué respaldar esa decisión. Puede eventualmente profundizar el cepo y sumar.

“La mayor inyección de pesos puede impulsar la brecha cambiaria y la inflación”, dice Soledad Pérez Duhalde, de Abeceb.

Spotorno: En septiembre, la inflación viene por arriba del 3%, pero me imagino que el Gobierno tratará de que en octubre no haya muchos aumentos. Noviembre y diciembre puede ser otra cosa, dado que hay que ver si después de las elecciones sigue manteniendo el dólar estable o se comienzan a introducir correcciones.

Sigaut Gravina: Producto del ancla cambiaria y tarifaria, se espera que la inflación se ubique levemente por debajo del 3% mensual hasta las elecciones. En agosto el IPC nacional perforó 3% gracias a que los precios regulados y los estacionales se movieron muy poco en el mes (+1,1% y +0,6%, respectivamente). La inflación núcleo no bajó respecto de julio (3,1% en ambos meses). Nótese que el ancla cambiaria (dólar oficial moviéndose en torno a 1%) finalmente desaceleró la inflación en alimentos y bebidas alcohólicas. De hecho, por primera vez en más de año (julio 2020) perforó el 2% mensual.

Marengo: Dado que la “política” antiinflacionaria se basa en la baja depreciación del tipo de cambio oficial, el retraso de tarifas y los acuerdos de precios, es esperable que se mantenga hasta el 14 de noviembre.

3) Dólar y brecha cambiaria

Furiase: La principal restricción es el límite a la demanda de pesos. Más pesos en la calle puede presionar sobre la brecha cambiaria y forzar al BCRA a que tenga que esterilizar con Leliqs los excedentes. Con esto y sin generar expectativas en pos de cerrar acuerdo con FMI la brecha se recalentará, podría volver a subir el piso de la inflación, teniendo en cuenta el fuerte desequilibrio monetario y la reapertura de paritarias en un entorno de ausencia de un ancla nominal creíble y una inercia inflacionaria complicada.

Marengo: Si bien el nivel de reservas netas viene bajando desde casi US$7.000 millones a mediados de junio pasado hasta los US$3.300 millones en la actualidad, estas deberían ser suficientes para mantener el actual ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial en torno al 1% mensual. De aumentar la presión sobre este mercado seguramente se incrementarán los controles, provocando mayor presión sobre la brecha cambiaria, que ya se ubica en el 90%.

Pérez Duhalde: La mayor inyección de pesos puede impulsar la brecha y la inflación al alza tanto por la vía del excedente de pesos como por el canal de las expectativas. Mientras que la mayor presión sobre el BCRA, obligándolo a ceder más reservas, podría forzar a “soltar” levemente al dólar oficial. El Gobierno no va a querer devaluar bajo ningún concepto y tiene con qué respaldar esa decisión. Puede eventualmente profundizar el cepo y sumar nuevas restricciones.

4) Salarios públicos y privados

Spotorno: No creo que haya muchos cambios. Hay un intento de aumentarlos por decreto. Pero es muy difícil que las empresas puedan soportar subas adicionales, dada la caída de los ingresos, la restricciones crediticias y algunas subas impositivas.

Marengo: Si bien estas medidas pueden mejorar la situación temporal de algunos individuos, el impacto final dependerá de la situación macroeconómica. De manera recurrente, se argumenta que de esta forma se incentiva la demanda. El nivel de los ingresos reales no depende de los deseos de beneficiarios, empresarios o autoridades, sino que están determinados por las condiciones generales de la economía.

Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas, sostiene que las medidas que pueda tomar el Gobierno son temporales.

Sigaut Gravina: Esperamos una recuperación del poder adquisitivo del salario privado y público en el corto plazo. La mejora se produce porque la recomposición de ingresos (reapertura de paritarias de gremios privados y/o algún bono adicional para estatales) superará a la inflación, que se ubicaría apenas por debajo del 3% mensual en los próximos meses.

Furiase: Se habla de una suba del 10% del salario mínimo. Si se confirma, esto dejaría al salario mínimo en zona de 45% en el año, aún por debajo de la inflación proyectada para 2021.

5) Jubilaciones, AUH y el IFE

Sigaut Gravina: Por movilidad, el aumento del 12,4% de septiembre también aplica a la AUH y otras asignaciones familiares. Al igual que en el caso de las jubilaciones, es una suba nominal del 4% mensual, que generaría en el corto plazo una mejora del poder adquisitivo de los haberes. Además, es muy probable que haya un refuerzo adicional a la AUH o incluso una reedición del IFE que llegaría a muchas más familias.

Spotorno: Habrán aumentos que ya estaban programados y es factible que se otorguen bonos adicionales. Si hay un bono de $5.000 para todos los jubilados, tendría un costo de $30.000 millones. Por los números que manejamos, no es mucho dinero. En total, entre un eventual pago del IFE y el bono a los jubilados, eso representaría el 0,1% del PBI.

Furiase: Se habló de un bono de una vez por un monto de hasta dos veces la jubilación mínima. Una nueva ronda de IFE por $10.000 a 2 millones de personas tendría un impacto fiscal muy acotado. La posibilidad de lanzar créditos a tasas subsidiadas con costo compartido entre los bancos y el fisco, también podría haber.

6) Obra pública y costo fiscal

Pérez Duhalde: En los próximos días, la obra pública será la variable de ajuste. Porque los fondos se liberarían para gasto corriente y para financiar la asistencia. Sin duda aumentará la deuda flotante.

Furiase: Todavía quedan $290.000 millones de ejecución de obra púbica según nuestra proyección, que se podrían acelerar en función de cómo venga la restricción financiera.

Marengo: Si bien el deterioro fiscal (de las medidas) es marginal, el impacto en el financiamiento también lo será. La gran duda es qué pasará con la demanda de activos en pesos. Lo que condiciona es si el gasto es permanente o transitorio.

El director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, Fausto Spotorno, no cree que haya grandes cambios en obra pública.

Spotorno: En materia de obra pública, hoy es más un tema de anuncios que de capacidad de concretarlas. El principal interrogante tiene que ver con si después de las elecciones, el Gobierno sigue manteniendo el dólar oficial estable o si comienza a corregir el tipo de cambio.

Caamaño: El Gobierno intentará mejorar los ingresos en octubre y noviembre, lo que es contraproducente para los frentes fiscal y monetario, la brecha con el dolar y la inflación.

Dólar, inflación y FMI: los riesgos para el día después

Para los economistas, el impacto de “poner plata en el bolsillo de la gente” es una factura a pagar para después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. La ecuación sobre volcar más pesos a la calle involucra varios interrogantes, entre ellos la inflación, la evolución del dólar y la brecha cambiaria y las exigencias del Fondo Monetario para cerrar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas.

Los riesgos y desafíos a futuro son varios y los expertos lo graficaron del siguiente modo.

Lorenzo Sigaut Gravina: El principal proviene de levantar el esquema -insostenible- de anclas tarifarias y cambiarias. Es particularmente desafiante, el frente cambiario. Casi en paralelo, el Gobierno deberá negociar un acuerdo para refinanciar los elevados vencimientos de deuda en moneda extranjera con el FMI. La pregunta del millón es qué sucederá en el frente cambiario el día después de las Legislativas: dentro de 60 días tendremos más pesos en la calle, menos reservas en el BCRA, una mayor brecha y se habrá retrasado un poco más el dólar oficial.

Marengo: Lo que ocurra post elecciones estará determinado por la forma en la cual se resuelva la negociación con el FMI, además de la situación de cierre del corriente año. El financiamiento de vencimientos en dólares hasta fin de año estaría calzado con el desembolso de los DEG realizado por el FMI. Pero en marzo hay otros vencimientos, por lo cual el acuerdo debería ser resuelto antes. Un escenario de “no acuerdo” es uno de crisis. Un escenario con acuerdo dependerá de la confianza que genere.

Pérez Duhalde: Hay riesgos internos y externos. En el plano externo hay que seguir de cerca la política monetaria de la Fed, más restrictiva de lo previsto, que lleve a un fortalecimiento del dólar en el mundo y a una abrupta caída en precios de commodities. Eso podría limitar aún más el ingreso de divisas al país. En el plano doméstico, las tensiones políticas que podrían acrecentar los conflictos sociales exacerbando la puja distributiva. En el plano sanitario, un rebrote Covid “inesperado” con nuevas variantes agresivas, que obliguen a reinstalar restricciones.

Furiase: El financiamiento de la expansión del gasto es clave. El Gobierno tiene la opción de venta de los dólares de los DEG (Derechos Especiales de Giro) del FMI al Banco Central para hacerse de los pesos y tener más caja para afrontarlos.

Caamaño: La necesidad del Gobierno por recuperarse del resultado de las PASO abrió una disputa sobre el nivel de gasto. La crisis política es parte de esa discusión. Hay que recordar la pelea de Martín Guzmán por el tema de las tarifas. El atraso no estaba en duda sino el nivel de atraso. Dentro de la coalición gobernante no se discute el cepo, sino si se profundiza o no. El panorama para el oficialismo es complicado.

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