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JxC advierte que la Ley de Envases, impulsada por el kirchnerismo, elevaría un 4,6% la inflación

La polémica por la Ley de Envases con Inclusión Social que motoriza el kirchnerismo y que ya tiene dictamen de mayoría en dos comisiones de la Cámara de Diputados sigue creciendo, esta vez luego de una audiencia pública que realizaron diputados de Juntos por el Cambio en la que plantearon los ejes de su rechazo a la iniciativa.

La movida fue organizada por el diputado reelecto del PRO Luciano Laspina que ya había marcado sus críticas al proyecto durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y fueron invitados representantes de distintas cámaras empresarias, entre ellos la UIA, así como asociaciones de consumidores, representantes del sector de artículos de limpieza, productores de aerosoles, entre otros.

Se presentó en el Congreso un proyecto de ley de envases con inclusión social

En la reunión que se realizó en Diputados y que se pudo seguir en vivo por la plataforma Zoom estuvo invitado el economista Fausto Spotorno, quien a pedido del legislador realizó un cálculo de estimaciones sobre lo que podría implicar a nivel fiscal la implementación de la norma. 

Spotorno indicó, por ejemplo, que la proyección de lo recaudado podría superar los $426.000 millones lo que equivaldría a subir el IVA de 21 al 24% y estimó además que el impacto sobre la inflación “sería del 3% sobre el total, no sobre estos productos, mientras que sería de 4,3% en los productos afectados”.

Están creando una ENORME una caja política equivalente a 10 millones de jubilaciones mínimas que va a servir para todo menos para cuidar el ambiente.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 24, 2021

Laspina estuvo acompañado por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri, y los titulares de los bloques PRO Cristian Ritondo y de la Coalición Cívica Juan Manuel López, además de otros legisladores como Brenda Austin, Karina Banfi y José Cano. 

“El Congreso tiene que asumir el rol histórico de los Parlamentos, decidir en que se gasta y a quien se le cobra y desde la Coalición Cívica siempre tuvimos claro que nuestro país no soporta un sólo impuesto más”, dijo López en diálogo con PERFIL.

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Entre los cuestionamientos que se realizan al proyecto figuran el interés recaudatorio que significará una importante caja para los municipios que estarán a cargo de la gestión de los envases, la ausencia de un incentivo claro para reducir los envases contaminantes más allá del pago de la tasa y otro de los puntos tiene que ver con el cálculo de cuánto tendrá que pagar cada empresa por la gestión de dicho envase.

Sobre ese item, la COPAL ya advirtió que “a diferencia de lo que se establece, el tope al aporte debería estar asociado exclusivamente al costo del material de envase, y no del producto donde está agregado el valor del producto terminado“. Con el proyecto actual, pagarán distinta tasa dos productos que utilizan el mismo envase pero su valor final es distinto y es allí donde surge parte del rechazo. 

Desde el oficialismo, el diputado Itaí Hagman ya intentó justificar el texto que cuenta con el aval del Poder Ejecutivo y marcó que “la ley de envases no tiene un objetivo recaudatorio sino impactar en la gestión de residuos. Una manera de resolver el problema es desincentivando el uso de estos envases”. 

 “Ojalá no recaudemos nada porque eso quiere decir que la industria va a usar envases reciclables. La ley tiene un objetivo totalmente ambiental. Parece que cualquier regulación que hace el Estado es un problema”.

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A mediados de año Austin presentó un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la gestión integral de residuos especiales de generación universal (REGU) mediante la REP. El principio REP se viene implementando en diversos países para poner en marcha la economía circular y disminuir la generación de residuos. Establece la responsabilidad de los productores por todo el ciclo de vida de los productos que ponen en el mercado, es decir que se amplía a la etapa postconsumo. 

“Nos hubiera gustado que esta reunión se diera en el marco de un debate en Comisión donde todas las voces estuvieran puestas sobre la mesa a la hora de dictaminar. Este es un tema que se viene discutiendo desde hace muchos años en la Argentina. Hay un proceso de construcción de consensos que no ha sido sencillo pero que nos ha permitido llegar a niveles de acuerdo muy importantes. El dictamen que hemos firmado recupera esos consensos y esa construcción colectiva”, sostuvo la diputada por Córdoba.

El tratamiento legislativo 

El proyecto cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que el oficialismo es que aún no tiene garantizados los votos que le faltan más allá de los 118 integrantes con los que cuenta en la actualidad. 

El diputado rionegrino y futuro titular del interbloque Unidad y Equidad Federal Luis Di Giácomo es uno de los que ya manifestó su rechazo a la iniciativa, con lo que se desvanece el posible apoyo de al menos cinco legisladores provenientes del interior con los que el Frente de Todos suele contar en votaciones clave.

La voluntad del oficialismo es tratarlo antes del recambio del 10 de diciembre, cuando podría ser más fácil conseguir las mayorías necesarias para la aprobación pero al ritmo que viene trabajando la Cámara de Diputados, y con una larga lista de temas pendientes encabezada por el Presupuesto 2022 se complica la inclusión en el temario. 

Otra de las alternativas para lograr llevarlo al recinto es la negociación de algún cambio, como ya fue deslizado de parte del Frente de Todos, para sumar algunos votos clave aunque todavía no hubo ningún paso en ese sentido. 

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