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sábado, mayo 28, 2022

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Tras la feria Judicial, el Presidente declarará en el juicio por corrupción contra Cristina Kirchner

Tras la feria judicial, el juicio de corrupción en la obra pública contra Cristina Kirchner tendrá un testimonio de peso. Será el del presidente Alberto Fernández que declarará el 8 de febrero por pedido de su propia vicepresidenta. Lo hará por su rol como jefe de Gabinete y por su rol podrá presentar un escrito. 

No será el único testigo de alto impacto que pasará por los tribunales y por pedido de Cristina. El 1 de febrero, en la primera audiencia tras la feria, será el turno del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que declarará por su rol como secretario de Legal y Técnica -cuando Cristina Kirchner gobernaba- y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

También desfilarán Sergio Massa, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros. Se descarta que todos declararán a favor de la ex presidenta.

Cristina Kirchner había conseguido que los ex jefe de gabinete de sus dos gobiernos, como el de Néstor Kirchner, no declaren en plena campaña electoral. El Tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, hicieron lugar a ese pedido y avanzaron con otros testigos.

La inclusión de los ex jefe de Gabinete más otros 100 testigos fueron sugeridos por la defensa de Cristina a cargo de Carlos Beraldi.

Después de Zannini y Abal Medina declararán el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. 

El 8 de febrero, con Alberto Fernández, también declarará el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Los jueces del Tribunal explicaron en el mismo escrito que el Presidente al igual que el titular de la cartera de Seguridad, pueden declarar por escrito como contempla el artículo 250 del Código Procesal Penal. Esta excepción rige también para Sergio Massa como para el gobernador de la provincia de Chaco.

El juicio inició en mayo de 2019. Con trece imputados, la vicepresidenta es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, sostiene el requerimiento fiscal tras analizar todas las licitaciones adjudicadas al Grupo Austral.

Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) como integrantes del Ministerio de Planificación, de quien dependía Vialidad Nacional. El listado de acusados incluye a Lázaro Báez, quien recibió medio centenar de contratos “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”, sostiene la imputación.

La Justicia sostiene que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”: fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Durante la instrucción, la fiscalía determinó a través de una auditoría que el Grupo Austral recibió el 11% del presupuesto de Vialidad Nacional a nivel general y el 86% de las obras volcadas a Santa Cruz, con “sobreprecios del 65% y la mitad de las obras no se terminaron”.

Para refutar la idea de “direccionamiento”, Cristina Kirchner sostiene que los presupuestos asignados a la obra pública se trataron de “actos administrativos”, que como tales “fueron lícitos” y que no firmó ella las modificaciones de los fondos destinados al rubro investigado.

La vicepresidenta sostiene que las partidas presupuestarias destinadas a obra pública se hicieron con una ley que aprueba el Congreso y que la ampliación de los fondos pasó por los jefe de Gabinete.

En base a ese criterio, Cristina Kirchner pidió -cuando aún no se había constituido el Frente de Todos y contaba con un público enfrentamiento con Massa y Alberto Fernández-, que declaren los ex jefes de Gabinete como responsables de firmar las partidas presupuestarias desde 2004 a 2015, volcadas a obra pública. 

Cuando fue indagada en el juicio, días previos a asumir como vicepresidenta, en su explosiva declaración se dirigió al TOF 2 y dijo: “Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”.

Avalando la teoría de la su compañera de fórmula, que sostuvo en este juicio que era víctima de una persecución política, el presidente Alberto Fernández había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Ercolini que llevó adelante la causa- y dijo que iban a “tener que dar explicaciones”, por las resoluciones que condujeron a Cristina Kirchner a su primer juicio por presunta corrupción.

Finalmente, el Tribunal fijó para febrero cuando regrese la actividad judicial, la fecha para este grupo de testigos sugeridos por la vice en el único juicio que tiene en su contra en pleno desarrollo, mientras logró cuatro sobreseimientos en los últimos siete meses del año pasado. 

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