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domingo, agosto 14, 2022

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La trama detrás de la multa a Roberto Baradel que no fue: el rol de la ex gobernadora Vidal

La decisión de Axel Kicillof de “condonar” una supuesta multa contra el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) reveló la trama de una sanción que nunca pasó de una amenaza.

El gobierno de María Eugenia Vidal –por impericia o por negligencia- no alcanzó a aplicar ni un peso de penalidad al gremio que conduce el dirigente kirchnerista Roberto Baradel y la advertencia de que debería pagar “659 millones de pesos” por no acatar una conciliación obligatoria apenas resultó un amague que se desmoronó con el final del conflicto docente.

Según pudo reconstruir Clarín a partir de los datos obtenidos en el Ministerio de Trabajo bonaerense, en el Sindicato y en la Justicia, Suteba jamás pagó un peso por las supuestas sanciones que el entonces ministro del área, Marcelo Villegas, anunció que aplicaría a la entidad.

Se utilizó esa intimidación como una herramienta de presión política y de posicionamiento mediático en pleno conflicto con los docentes estatales bonaerenses que peleaban por aumentos salariales en 2017 y que habían anticipado el no inicio de clases en ese ciclo lectivo. También volvió a plantearlo Villegas a mediados de 2018, cuando la pelea con el sector educativo escalaba peldaños impensados (hubo, en ese período, 25 huelgas en las escuelas estatales provinciales).

El gremio liderado por Roberto Baradel finalmente no fue multado por hacer paro durante la gestión anterior. Foto Mauricio Nievas

“La convencieron a Vidal de adoptar esa decisión administrativa (la multa) cuando era imposible que superara una instancia judicial”, dijo a Clarín un ex funcionario de la gestión de Cambiemos.

Por su parte, el ex ministro Villegas prefirió mantener silencio ante la consulta de este diario sobre el episodio de la penalidad contra Suteba.

Villegas está en medio de un proceso judicial en la causa que investiga supuestas maniobras del gobierno anterior para “armar causas” contra gremialistas. Es la llamada investigación por la “gestapo bonaerense”.

Una denuncia que presentó la ex interventora de la AFI, Susana Camaño, después que halló en la central de inteligencia un video donde se ve a funcionarios de Vidal, legisladores, empresarios, un intendente y dos agentes espías, hablando sobre la forma de plantear denuncias contra Juan Pablo “pata” Medina, un dirigente de la Uocra de La Plata.

Allí, Villegas dice: “Creéme que si yo pudiera tener (y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte) una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

De vuelta al caso Suteba, la decisión de la actual ministra, Mara Ruiz Malec, fue –como se informó oficialmente- un “acto de desagravio” al sindicato. Una decisión que “ratifica el cambio de política hacia las organizaciones sociales” que durante el gobierno de Vidal –dice Ruiz Malec- “fueron considerados ‘enemigos a combatir’ para lo que se desplegó “todo tipo de ataques mediáticos y hasta el armado de causas judiciales en complicidad con un sector de la Justicia”.

¿Cómo se configuró la “multa que no fue”?

En febrero de 2017, Suteba y los demás gremios que nuclean a las y los maestros bonaerenses (Udocba, AMET, UDA, Sadop y FEB) convocaron a un paro los días 6 y 7 de marzo de ese año.

El 3 de marzo, y bajo el expediente 21559-17/17 que corresponde a la negociación paritaria docente, la Dirección Provincial de Relaciones Laborales del Ministerio decretó espontáneamente la conciliación obligatoria en los términos de la Ley Nº 10.149.

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, notifica al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, que deja sin efecto la multa millonaria de la gestión anterior por un paro. Foto Mauricio Nievas

Durante las medidas de fuerza, hubo un despliegue de “todos los inspectores de Trabajo” para relevar y comprobar en 188 establecimientos la falta de acatamiento de Suteba a la conciliación obligatoria.

Sin embargo, ese mismo día había sido convocado un paro nacional por parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) dado que la huelga fue convocada por entidades gremiales docentes nacionales con alcance en todo el territorio que no eran parte del expediente de la conciliación obligatoria.

Por lo tanto esas actas no tenían validez. “Era como si te hacen una infracción de tránsito y toman mal la patente del auto. No sirven para la multa”, graficó un abogado laboralista.

Una situación similar se dio a mediados de 2018 sobre el final de las vacaciones de invierno. Ctera convocó a un paro el 30 y 31 de julio. Los gremios bonaerenses –que estaban en plena discusión salarial- no podían convocar porque estaban en conciliación obligatoria. Pero Suteba (sindicato de base de Ctera) paró igual.

Allí fue cuando Villegas anunció –y Vidal convalidó- lo de la “multa de 659 millones de pesos, el máximo que contempla la ley de asociaciones gremiales y teniendo en cuenta que Suteba es reincidente”, según explicó en los medios el ex ministro.

El resto de la historia hasta llegar al cierre de esta semana: Baradel recurrió a la Justicia. Un tribunal de Trabajo dispuso una cautelar y obligó al gobierno a suspender la sanción.

Ese proceso se abandonó y este miércoles Kicillof pudo ofrecerle a su aliado político líder de los docentes el “acto de desagravio”: cerró en forma definitiva el acta de infracción y cerró definitivamente el caso de la multa millonaria que nadie aplicó y por lo tanto, nadie pago.

La Plata. Corresponsalía

MG

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