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jueves, octubre 6, 2022

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Vialidad: Cristina apelaría el rechazo de las recusaciones para ir a la Corte y dilatar el juicio

La estrategia judicial de Cristina Kirchner no se basa en refutar pruebas o testigos, sino en usar maniobras de “malicia procesal” para ganar tiempo y repotenciar su nueva escalada de ataques contra jueces y fiscales que la investigan y la juzgan.

Así quedó en claro el viernes cuando en su recusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, sumó a último momento a otro juez del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) Jorge Gorini.

Pero el TOF 4 no esperó a que pasara el fin de semana largo sino que decidió el rechazo en la medianoche del viernes dejando en claro que quiere respetar los plazos de este juicio. Lo tiene en sus manos desde marzo de 2018, luego de que el juez federal Julián Ercolini cerrar la instrucción.

El abogado de la vice, Carlos Beraldi -quien antes de defenderla era muy respetado en los tribunales- pretendía que se constituyera un tribunal especial para decidir las recusaciones porque había pedido el apartamiento de dos de los tres miembros del tribunal. No quería que se sume la jueza suplente del TOF 2, Adriana Palliotti, porque ya había votado por condenar a su clienta en la causa por lavado de dinero a través Hotesur (la empresa hotelera de los Kirchner) y los Sauces (la inmobiliaria de la familia).

El constitucionalista Felix Lonigro calificó esa actitud como “malicia procesal” y opinó que el abogado incurrió en una falta ética.

Además, el constitucionalista Daniel Sabsay y los abogados penalistas Marta Nercellas, Hugo Wortman y Alejandro Fargosi habían coincidido en opinar que el hecho que Giménez Uriburu y Luciani hayan integrado un mismo equipo de fútbol no es una de las causales de recusación que establece el Código Procesal Penal.

A esta altura, a Cristina en Comodoro Py se la conoce como “la reina de las recusaciones”. Empezó en el 2015 con el fallecido juez Claudio Bonadio, siguió con el fiscal Carlos Stornelli y la mayoría de los miembros de la Cámara Federal porteña, entre otros. Y ahora con los dos jueces del TOF 2 y el fiscal que ella misma, cuando era presidenta, propuso al Senado para esos cargos.

En esa línea, la vicepresidenta podrá el martes, cuando se reanude el juicio oral por la causa Vialidad, interponer un recurso de casación contra el rechazo de los apartamientos o hacer reserva de su derecho para cuando se conozca la sentencia a fines de noviembre o principios de diciembre.

Es probable que opte por la primera vía y será el TOF 2, nuevamente, el que decida pasarlo a la Cámara Federal de Casación Penal o diferirlo para luego de la sentencia, como se hizo en otros juicios, explicó una fuente judicial a Clarín.

Los kirchneristas saben que si optan por ir ahora a Casación el recurso lo tratará la sala IV de ese tribunal que la integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Carlos Javier Carbajo. Y ya empezaron a atacar a los dos primeros contra quienes promovieron una denuncia penal porque se habían reunido con el ex presidente Mauricio Macri. Sin embargo, ya se los investigó y se determinó que ese contacto por sí solo no era un delito.

Y si Casación confirma el rechazo de las recusaciones, Cristina apelará a la Corte y después, su operadora judicial y director de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, adelantó que “irá con un tremendo reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Esa situación podría derivar en que “Cristina cumpla la condena antes de que la CIDH se pronuncie”, dijo la inefable abogada K.

De todos modos, si eventualmente Cristina es condenada en febrero del año próximo cumplirá 70 años y tendrá derecho a prisión domiciliaria. Además, recién debería cumplir esa eventual sentencia cuando tenga una condena firme con doble conforme en la Corte, que no por nada es el tribunal más atacado por los K.

La estrategia dilatoria tiene dos objetivos. Por un lado, tratar de que la sentencia no se conozca a fines de noviembre o principios de diciembre, sino el año que viene cuando el país entre en el clima de la campaña presidencial para suceder a Alberto Fernández.

Así se presentaría como la víctima de su teoría del “lawfare” (un supuesto complot de la embajada de EE.UU., medios y jueces) y se podría enganchar a una eventual regreso triunfal al gobierno del ex presidente Lula Da Silva.

Si bien los veteranos jueces de instrucción y de los tribunales de alzada no coinciden con el alto perfil que Luciani le dio a su alegato, recuerdan que es un fiscal que “nunca tuvo problemas con los K y fue promovido” por la ex procuradora general de la Nación y fundadora de la agrupación K “Justicia Legítima” Alejandra Gils Carbó.

“No puede ser que cuando un magistrado empieza a hacer su trabajo, los K automáticamente lo transforman en su enemigo”, dijo uno de esos jueces en estricto off the record.

Pero esos ataques empezaron a tomar ribetes desesperados como lo que presentó el ministro de Justicia, Martín Soria, una foto oficial trucada para que el fiscal Sergio Mola se viera junto al diputado de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo.

Luego el batallón de abogados, ex espías y asesores de Cristina hurgó en el registro de visitas oficiales para trazar otras teorías conspiratorias, pero siempre sin contestar –hasta ahora- una sola prueba contra la acusación de un supuesto direccionamiento de 3.500 millones de dólares a Báez en otras viales.

El ex interventor de Vialidad Nacional de Macri, Javier Iguacel, nunca olvida que cuando asumió en el cargo en diciembre de 2015 entraba a su despacho entre piquetes y protestas de obreros de la construcción porque se debía a los contratistas “mil millones de dólares, que no estaban contabilizados en la deuda de la Nación”. Pero a Báez no se le debía nada. Sin embargo, “cerraban Austral Construcciones y despedían gente”, contó. “Era algo pensado, armado, era parte del plan ‘limpiemos todo’”, como se vio en el alegato de Luciani, reflexionó ahora Iguacel, perseguido judicialmente por la furia de Cristina por haber hecho la auditoría de los contratos de Báez que se sumaron a la causa que abrió Lilita Carrió en el 2008.

En tribunales esperan que produzcan “ataques diarios” desde lo judicial y desde los discursos inflamados de medios y militares K en las redes sociales.

Pero a algunos magistrados les llamó la atención las declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa de esta semana en el sentido de que “algunos piden plata y la tienen en plazo fijo”. Sería una alusión al poder judicial. Massa ya avisó que le cortarán 28 mil millones del presupuesto que solicitaba “¿pero vendrán también presiones por el lado del presupuesto?”, se preguntaron. Sucede que mes a mes al Gobierno tiene que mandar las partidas presupuestarias a la Justicia.

Por ahora el Frente de Todos no tiene una actitud homogénea en defensa de Cristina. La Cámpora pintó carteles advirtiendo a los jueces que “no se metan con Cristina” y los medios oficiales sacaron, en forma coordinada, a ministros y dirigentes. Pero “el sábado en Parque Centenario metieron a 3 mil o 4 mil personas y no 100 mil militantes. No fue el cristinazo que anunciaron”, comentó otra referente judicial.

Mientras la Corte resuelve un promedio de 500 causas semanales, tiene recursos de alta sensibilidad política para tratar como, por ejemplo, los de Milagro Sala o el reclamo de coparticipación del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta pero no deja trascender cuándo resolverá para evitar presiones anticipadas.

“El termómetro del castigo que recibe el poder judicial es por las causas que están adentro de tribunales y le interesan a Cristina. Y a medida que se vayan resolviendo, los ataques van a ir in crescendo”, advirtió otro conocedor de los pasillos de tribunales.

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