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viernes, diciembre 2, 2022

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Pacto con Irán: Cristina Kirchner pidió que su sobreseimiento quede firme

La vice fue denunciada por el fiscal Nisman en 2015 y acusada por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Un Tribunal anuló el caso sin juicio. La Casación Federal está revisando esa decisión.

24/11/2022 13:10

Actualizado al 24/11/2022 13:10

Hace dos semanas las querellas en la causa por el Pacto con Irán pidieron que Cristina Kirchner y los demás acusados afronten el juicio oral. El planteo se formuló ante al Cámara Federal de Casación, que deberá resolver si deja firme el fallo del Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) con el que se sobreseyó a todos los imputados, o si ordena la realización del debate. Este jueves, la vicepresidenta solicitó que se anule el caso y se deje firme el sobreseimiento.

El caso que investigaba si la firma del Pacto con Irán fue un instrumento para encubrir el atentado a la AMIA, arrancó con la denuncia que en enero de 2015 presentó el fiscal Alberto Nisman, quien días después fue encontrado sin vida en el baño de su departamento de Puerto Madero. En otro expediente, la Justicia sostuvo que el ex titular de la UFI-AMIA fue víctima de un homicidio y que se debía investigar si ello tenía relación con su denuncia contra la entonces presidenta de la Nación.

El año pasado, los jueces del TOF 8, José Michilini, Daniel Obligado y Gabriela López Íñiguez, firmaron el sobreseimiento de todos los imputados sin la realización del juicio oral. Hace dos semanas la Sala I de la Cámara de Casación comenzó a revisar esa decisión.

En aquella discutida resolución que ahora analiza el máximo tribunal penal, los jueces indicaron que la firma del Memorándum, “deja al descubierto que la intención de los funcionarios y las funcionarias públicas de nuestro país involucrados en la presente causa tenían como objetivo lograr que la justicia argentina pueda recibir las declaraciones indagatorias de los prófugos iraníes por el caso AMIA, así como también, que la República Islámica de Irán conteste las rogatorias cursadas por la justicia de nuestro país”.

Frente a estos planteos, las querellas -familiares de víctimas del atentado y la DAIA- pidieron que el juicio oral se lleve adelante, porque esa es la mejor instancia para dirimir las responsabilidades -o no- de los acusados.

En la última audiencia celebrada ante los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, la defensa de Cristina Kirchner presentó un escrito con el que reiteró su postura: que el sobreseimiento quede firme y el caso sea anulado.

Cuando los jueces del TOF 8 firmaron el sobreseimiento, le dieron la razón a la vicepresidenta al señalar que los objetivos del Pacto “fueron vehiculizados a través de un instrumento internacional (Memorándum de Entendimiento), que nunca entró en vigencia; sumado a que fue declarado inconstitucional por la justicia federal de nuestro país, mediante la resolución citada varias veces en este pronunciamiento, a lo que se remite”.

En su oportunidad, el fiscal ante el Tribunal, Marcelo Colombo, apeló la decisión entendiendo que el criterio de los jueces resultaba “arbitrario porque clausura el caso sin atravesar la instancia de debate oral y público. También porque la prueba que se valoró no puede ser calificada como prueba nueva, desde que había sido ya agregada a las constancias de la instrucción judicial”.

El punto más discutido por las partes que apelaron el sobreseimiento refiere a que, al tratarse de una determinación adoptada en el ámbito político, el pacto con Irán no debía ser revisado por la justicia. “No corresponde valorar el acierto o desacierto de la política exterior argentina. Sino por el contrario poner enérgico control sobre las cuestiones federales que podrían afectar los intereses de la sociedad dentro del cartabón penal”.

Las autoridades imputadas, que para la época de los hechos investigados “revestían la calidad de funcionarios públicos, se ajustaron estrictamente al marco normativo y, por ende, cumplieron con su rol. De tal manera, no se advierte, a su respecto, comportamiento con relevancia jurídico-penal, desde la perspectiva analítica de la teoría del delito”.

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