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lunes, febrero 6, 2023

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Los otros derechos humanos de los que el Gobierno no habla

A veces da la sensación que el mejor director de campaña de la oposición es el propio kirchnerismo. La embestida contra la Corte Suprema; el control de precios por parte de camioneros y piqueteros; los desaires de La Cámpora al Presidente; la reunión de la CELAC en Buenos Aires que mostrará la foto de Alberto Fernández junto a los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Episodios que terminan haciéndole un gran favor a Juntos por el Cambio ya que los aglutina, soslaya la interna y los presenta como la antítesis.

“Tenemos que reconocer las dificultades del diseño institucional. A pesar de las restricciones, de la pandemia macrista y del COVID19, hemos hecho un gran Gobierno. Muy pocos, incluso ni siquiera gran parte de los propios kirchneristas creerían que esta frase se refiere a la gestión de Alberto Fernández. Y mucho menos que la haya realizado la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

El kirchnerismo ha reescrito varios de los dogmas del peronismo, entre ellos, el de la cultura del trabajo. Ahora también es digno recibir un plan social o tener un trabajo precarizado.

Recientemente el Indec reflejó el aumento de los trabajadores en negro, aquéllos que no cuentan con obra social, seguro de trabajo ni están cubiertos por las paritarias, alcanzando casi los 5,3 millones. Pero además, han aumentado los cuentapropistas o independientes –un albañil, un jardinero, alguien que dicta un taller- que, en su mayoría también están precarizados, y suman otros 5,3 millones.

La ministra de Trabajo Kelly Olmos se reunió con Pablo Moyano.

De manera tal que partiendo de la base de un total de 21,5 millones de trabajadores, podría decirse que casi la mitad son informales o precarizados. Por eso a veces resulta difícil comprender a quienes defiende y representa la CGT, que supo ser la columna vertebral del justicialismo, que levanta banderas que no defiende, y que ahora debe compartir su cuota de poder con las agrupaciones sociales que representan a 1,5 millones de personas que no tienen trabajo, al menos en blanco.

El desfasaje con la realidad y la retórica fantasiosa no sólo obra en el ámbito laboral. También en materia de derechos humanos.  De la mano del ultra cristinista secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el Gobierno llevará a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el ataque de Cristina Kirchner contra la Justicia, en defensa de su condena a 6 años de prisión por la causa Vialidad. Allí, como es habitual, atacará al Poder Judicial, los medios de comunicación, la oposición y los empresarios.

Sin embargo, el encuentro denominado Examen Periódico Universal (EPU), es un ámbito para abordar la situación de derechos humanos de todos los países miembros de la ONU, entre ellos la Argentina. Allí deben exponerse los avances en la materia al tiempo que cada país recibe las “recomendaciones” de los restantes miembros de la comunidad internacional acerca de cómo mejorar.

Así como está claro lo que dice el informe de la Argentina, está más que claro lo que no dice.

Más allá de la concepción limitada de los derechos humanos en la Argentina al terrorismo de Estado de la última dictadura, vale recordar que hay otros derechos humanos de los que el Gobierno debería ocuparse, como el derecho a la seguridad personal, a la vida, a la libertad, al trabajo, a la salud, etc.

Lo que seguramente no dirá el informe es que se ha registrado un aumento significativo de la inseguridad en zonas como el Conurbano bonaerense durante el 2022, sobre todo en lo que hace a robos de automóviles, y delitos contra la integridad sexual. Sin tener en cuenta que en el caso del GBA, la mayoría de los delitos no se denuncian, pero basta con escuchar a los vecinos para tener en claro que es una zona liberada, que no hay prevención y que nada se ha hecho en estos tres años pese al histrionismo mediático del ministro de Seguridad, Sergio Berni. Al igual que el incremento de homicidios en Rosario, una ciudad tomada por el narcotráfico.

Tampoco Pietragalla se referirá a la violencia de grupos pseudomapuches en el Sur patagónico, con incendios de cabañas y muchas veces portación de armas de fuego o cobro de peajes para poder circular en algunas zonas. Precisamente, el Secretario de Derechos Humanos ha estado más preocupado porque los vecinos de Villa Mascardi, víctimas de esa violencia, les permitan a los mapuches continuar con sus prácticas religiosas en tierras privadas, que en impedir cualquier hecho violento.

Y es casi un hecho que omitirá la ausencia del Estado respecto de otros dos derechos humanos, como el derecho a una vivienda digna y los derechos del niño.

En las últimas horas, dos casos mediáticos dieron muestra de ello.Por un lado, el caso de Thiago Medina, el joven de 19 años que cartoneaba y que se hizo famoso como miembro de Gran Hermano. Vive en La Matanza, pero nunca terminó el colegio secundario y uno de sus hermanitos, Lucas, no está escolarizado y hace dos años no concurre a la escuela. Eso sí, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, ordenó remodelar la casa de Thiago en González Catán. ¿Qué sentirán los miles de Thiago que viven en La Matanza pero no tienen esa ayuda y deben conformarse con casas precarias e indignas?¿O los miles de chiquitos que no van a la escuela?

El otro caso es el del chiquito Lucio Dupuy, asesinado por la sucesión de golpes, abusos y torturas de su madre Magdalena Espósito y su novia Abigail Páez. Motivado por una cuestión de género, ninguna autoridad nacional se contactó con su papá o sus abuelos, o dispuso alguna normativa para evitar más casos como este: ocurre que el nene dio signos de ese vejamen pero ni médicos ni funcionarios judiciales o policiales registraron esas advertencias que pudieron evitar su crimen. ¿Dónde estaba la Secretaria de la Niñez o el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad nacionales?

Incluso Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, venía denunciando que el proyecto de la denominada Ley Lucio, con media sanción en el Senado cuyo objetivo es capacitar a médicos, docentes y funcionarios que estén con contactos con niños para poder registrar casos de abuso, estaba cajoneado. Producto de la indiferencia política.

Tal fue el eco mediático, que Alberto Fernández se comunicó con Ramón y se comprometió a convertir en ley el proyecto en el Senado. Ni el Ejecutivo nacional había incluido ese proyecto entre los 27 que dispuso para el llamado a extraordinarias -pero sí en cambio el juicio a la Corte-. Y tampoco le interesó a Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que es la mandamás en el Senado, para convertirlo en ley inmediatamente. La agenda del kirchnerismo es otra.

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