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viernes, abril 19, 2024

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Crece la inquietud en la Justicia de La Plata por las esquirlas de la escandalosa liberación del puntero del PJ

En el fuero penal platense persiste entre jueces y magistrados el impacto por el fallo que dejó libre a Julio “Chocolate” Rigau y sepultó la investigación de la recaudación con 48 tarjetas de empleados de la Legislatura. Esperan –algunos- y temen –otros- que las esquirlas del escándalo puedan erosionar la preciada intangibilidad en sus cargos.

«Esto lesiona y mancha a todos los jueces. Es un disparate lo que firmaron. Fue tremenda la presión que ejercieron desde la política”, confió a Clarín un magistrado que ocupa despacho en el mismo edificio donde funciona la Sala III de la Cámara de Apelaciones que el jueves declaró nulo el procedimiento de detención del puntero peronista.

El pedido de juicio político o el inicio de algún procedimiento administrativo para revisar la actuación de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo –que formaron la mayoría en el dictamen- se esperaba en la sede del Fuero Penal, de 8 entre 56 y 57.

Juez Juan Benavides, miembro de la Cámara de Apelaciones de La Plata.Juez Juan Benavides, miembro de la Cámara de Apelaciones de La Plata.Ese movimiento ocurrió este lunes y pusieron la firma Ricardo López Murphy (diputado nacional), Javier Iguacel (intendente de Capital Sarmiento) y Maria Eugenia Talerico (candidata a senadora nacional por Buenos Aires de la lista de Patricia Bulrich). Pero el pedido tendría algunos vicios procesales.

“Está mal planteada la denuncia. Se fundan en una ley derogada hace años. Hicieron una presentación en la secretaría de Política Criminal de la Procuración de la Corte, que no corresponde”, explicó un jurista a Clarín.

Denunciante Ricardo López Murphy.Denunciante Ricardo López Murphy.No obstante, en la Procuración dijeron que se va a derivar, lo que corresponda, a la Fiscalía General, a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y a la Suprema Corte. “Cuando los citen a ratificar (los denunciantes) podrán ajustar esos errores”, adelantaron.

El escrito está dirigido a la Procuración que es el órgano que conduce a todos los fiscales y defensores oficiales bonaerenses. Y también tiene atribuciones para formular denuncias contra funcionarios y magistrados. Es decir, acusar en los llamados «jury de enjuiciamiento», o juicio político.

Juez Alejandro Villordo, miembro de la Cámara de Apelaciones de La Plata.Juez Alejandro Villordo, miembro de la Cámara de Apelaciones de La Plata.El jury es el único camino para sancionar, destituir o remover a un juez, fiscal o camarista. El Procurador es Julio Conte Grand, designado en la gestión anterior (María Eugenia Vidal) y de relación tensa con el oficialismo. Pero no le corresponde a ese organismo la eventual amonestación sobre los camaristas.

¿Otro camino?

Existe otra posibilidad que los tres integrantes de la oposición no exploraron: denunciar ante la subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte provincial.

Ese ente interviene en asuntos referidos a delitos y faltas disciplinarias eventualmente cometidos por magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial. Fue el que decidió –mediante un acto administrativo- suspender al ex juez de Casación, Martín Ordoqui, cuando asomaron los primeros indicios de su participación en una banda de policías, magistrados y ladrones que se dedicaba a robar casas y sacar a presos.

Tiene facultades para hacer investigaciones administrativas, disponer suspensiones o decidir licencias obligadas. Incluso puede requisar un despacho. El escrito que se conoció este lunes no aborda esa variante.

«Venimos a solicitar se inicie una Instrucción Penal Preparatoria para investigar la posible comisión de delitos de acción pública de extrema gravedad que pueden estar sucediendo en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y que compromete el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Lucha contra la Corrupción que nuestro país ha suscripto», sostiene la presentación.

En Tribunales explicaron a Clarín que ese tópico ya está en un proceso. Es el que abrió la causa «Chocolate» con la tarea de la fiscal Betina Lacki. Que ahora está congelada y a la espera de una apelación que presentaría el fiscal General, Héctor Vogliolo.

«No se puede investigar dos veces, en dos instancias juridicales, un mismo caso», explicaron en Tribunales. Los denunciantes buscaron un efecto político antes que avanzar con paso seguro a una sanción contra los jueces, es la conclusión de los juristas.

¿Cuál sería la irregularidad atribuible a Benvides y Villordo?. Podría tratrse -dicen los especialistas- de un eventual caso de «prevaricato» (resolver en contra de lo que fijan las leyes) o de «abuso de poder». Pero también hay expertos que sostienen que se trata de una cuestión «jurisdiccional, no punitiva». O sea: es un tema de interpretación que está revisando la propia Justicia. Y no constituye un delito.

La Plata (Corresponsalía)

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