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lunes, julio 22, 2024

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Jubilaciones: reducen la partida para el pago de las sentencias firmes

Pese a los anuncios oficiales, llamativamente el Presupuesto de este año para el pago de las sentencias firmes a los jubilados y pensionados del SIPA/ANSeS sería muy inferior en términos reales al presupuestado y ejecutado en 2023.

El DNU 594/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial lo fijó para este año en $160.751 millones, modificando el articulo 31 de la ley 27.701 de Presupuesto 2023 que lo había establecido para el año pasado en $ 153.479 millones. La diferencia representa un aumento nominal interanual del 4,74% frente a una inflación prevista para este año del 140%.

De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), «la modificación presupuestaria refuerza el crédito de la ANSeS para deudas previsionales en $ 44.272 millones por lo que el crédito vigente asciende a $ 160.751 millones». Representa un aumento del 38% versus una inflación en el semestre del orden del 90%.

Según ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), de los $ 160.751 millones de crédito vigente hasta ahora se llevaban pagados $ 53.319 millones.

“Se desconoce en este punto si ese magro aumento real de la partida del Presupuesto tiene que ver con el Plan anunciado por el Gobierno de separar y postergar el pago de los ajustes de haberes mensuales de los que tienen sentencia firme de la cancelación de los retroactivos de esas mismas sentencias sobre los que no se fijó un calendario de pago”, le dijo a Clarín el abogado Aníbal Paz.

Aunque los reajustes de haberes podrían abarcar a unos 80.000 jubilados, en forma neta serían la mitad porque en los últimos años los reajustes abarcaron a unos 40.000 jubilados (entre el pago de la retroactividad y el reajuste de haberes).

En el caso de los jubilados que iniciaron juicios deberán esperar, según el estado del expediente, meses o años hasta que la sentencia quede firme para obtener el reajuste del haber y otro período indefinido par percibir el retroactivo. Y los que realicen a partir de ahora un juicio, -por la expectativa de que le reajusten el haber– deberán esperar varios años hasta obtener una sentencia favorable y que quede firme.

En la ANSeS no contestaron el requerimiento insistente de Clarín de aclarar el porqué de esta reducción de la partida presupuestaria, a cuánto ascendería el gasto de duplicar el número de haberes a reajustar en el curso de 2024 y cuál sería el calendario de pago de los haberes que deberán ser reajustados y de los retroactivos.

La interpretación de los especialistas es que para el Tesoro Nacional es mayor el ahorro fiscal de seguir «pateando» el pago de retroactivos que el gasto que implica reajustar sólo el haber previsional de los que tienen sentencia firme.

En un comunicado de prensa ANSeS dice que la cancelación de las retroactividades quedará para una “segunda etapa”, sin dar mayores precisiones y desconociendo la ley previsional que ordena el pago de la sentencia (retroactividad más reajuste del haber) dentro de los 120 días.

Si bien ese plazo de 120 días no se cumple, los abogados previsionalistas reconocen que la ANSeS redujo el pago de las sentencias firmes (reajuste de haber + retroactividad) y que están recurriendo con éxito a embargar directamente las cuentas de ANSeS para efectivizar el cobro de esas sentencias firmes. Y que lo seguirán haciendo sin esperar esa «segunda etapa» con calendario indefinido.

Se estima que ANSeS tiene 270.000 juicios en trámite, de los cuales 80.000 tienen sentencias firmes que están pendientes de pago.

La ley previsional fija que las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días judiciales. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.

Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional, que en 2023 alcanzó a 40.000 sentencias. Y el stock no se reduce porque ingresan nuevos juicios y los abogados de esos jubilados consideran que en muchos casos el pago de la retroactividad o del haber reajustado según la sentencia está mal liquidado y tienen que volver a litigar.

Los juicios con sentencia firme no son mayores porque la Corte Suprema sigue sin pronunciarse en relación a reclamos que tienen pronunciamientos de segunda instancia, apelados por ANSeS, que se arrastran hace años.

El pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial.

Entre las últimas demandas se destacan:

  • Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ley de movilidad aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara ordenó que se aplique la fórmula de la movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo, el Procurador de la Corte dictaminó a favor del reclamo de Fernández Pastor y se sigue esperando el pronunciamiento de la Corte.
  • Con los aumentos por decreto en 2020 la pirámide previsional (mayores aumentos a los que menos cobran en detrimento de los haberes medios y altos), luego de la pérdida del 19,5% que sufrieron todos los jubilados durante la gestión de Macri, la Defensoría de la Tercera Edad promovió una demanda colectiva y se presentaron reclamos individuales contra la suspensión retroactiva de la movilidad.
  • También hay demandas porque los haberes medios y más altos perdieron más desde 2021 porque al resto se le otorgaron bonos. De este marzo, pasa lo contrario: el bono de $ 70.000 no se actualiza y los haberes mínimos tienen aumentos inferiores a los haberes medios y altos.

SN

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