Analista Politico .Consultor Especializado en Comunicación Institucional y Política, Doctorando en Comunicación (Universidad Catolica Argentina) ,Magister en Comunicación y Marketing Político en la Universidad del Salvador (USAL). Postgraduate Business and Management por la Universidad de California Ext. Berkeley, EEUU. profesor Protitular en UCA Universidad Catolica Argentina.
@ossoreina
La reciente confirmación de la condena de Cristina Kirchner, que incluye seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, ha reavivado el debate sobre la corrupción y la impunidad en Argentina. La expresidenta, fiel a su estilo, ha optado por victimizarse y presentar su situación como un ejemplo de discriminación por género. “Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón”, afirmó en un intento por desviar el foco de la gravedad de las acusaciones en su contra.
La realidad es que la condena a Cristina Kirchner representa un soplo de aire fresco para una sociedad agotada de ver cómo la corrupción se enquistó en el Estado durante años. El gobierno que ella encabezó, y posteriormente apadrinó, estableció un estándar de corrupción sin precedentes. Es importante recordar a los principales implicados que formaron parte de esta red: Lázaro Báez (empresario), José López (ex secretario de Obras Públicas), Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Mauricio Collareda (jefe de Distrito N°23 de Santa Cruz, DNV), Juan Carlos Villafañe (ex jefe de la Administración de Santa Cruz), Osvaldo Daruich (responsable de Distrito N°23 de Santa Cruz, DNV), Raúl Pavesi (ex titular de la AGVP) y Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la AGVP).
Las instituciones y organismos estatales fueron sistemáticamente desmantelados y cooptados por una red de intereses oscuros que favorecían a una élite política y empresarial, mientras los ciudadanos comunes se veían cada vez más desprotegidos.
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La condena envía un mensaje a la ciudadanía que trabaja día a día con esfuerzo y honestidad, observando con frustración cómo otros se enriquecían a expensas del bien público. Fue un ataque directo a la confianza popular, la misma que, durante años, depositó su voto con la esperanza de ser defendida y representada, pero que, en lugar de eso, se encontró traicionada por un sistema que se alimentaba de la corrupción.
La estrategia de la victimización
Cristina Kirchner ha elegido victimizarse en lugar de asumir la responsabilidad por sus actos. Un acto de sinceridad implicaría admitir: “No fui una abogada exitosa; fui cómplice de un Estado corrupto y protegí a los corruptos durante muchos años. Para no perder poder, manejé las alianzas y negocios que me permitieron mantener mi posición política”. Sin embargo, reconocer esto sería un golpe a su orgullo y ego insostenible. Por eso, elige mentir, fingir demencia y avanzar en un discurso que busca confundir a la opinión pública y evadir la responsabilidad.
La necesidad de una legislación que refuerce la transparencia es urgente. La aplicación de una ley de “ficha limpia” que permita excluir de los cargos públicos a quienes tengan condenas firmes por corrupción podría ser un paso importante para devolver la confianza en el sistema político. Ahora, queda en manos de los diputados plantear esta medida y, a partir del principio de doble conforme, lograr que personas condenadas como Cristina Kirchner queden fuera de la esfera pública y electoral.
“Si el honor fuera rentable, todos seríamos honorables”. Tomás Moro.