BRASILIA.- En menos de dos años de investigaciones, la Policía Federal de Brasil recopiló una serie de pruebas que vinculan al expresidente Jair Bolsonaro con maniobras de carácter golpista destinadas a impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Las evidencias incluyen informes de los jefes de las Fuerzas Armadas sobre la presentación de un proyecto de golpe por el propio Bolsonaro, que también dejó “huellas” en documentos con exasesores.
Además, la investigación reveló que personas del círculo más cercano a Bolsonaro en el Palacio de Planalto discutieron intentos de revertir los resultados electorales tanto antes como después de las elecciones presidenciales de 2022. Incluso llegaron a utilizar recursos del Ejecutivo para imprimir un plan que contemplaba el seguimiento y asesinato de autoridades.
A continuación, los principales puntos que vinculan a Bolsonaro con la trama golpista:
Según la investigación, Bolsonaro encabezó reuniones en las que participaron oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de su gobierno y asesores, donde se discutió la posibilidad de un golpe de Estado. Sin embargo, este no se concretó por la negativa de los entonces comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea.
El general Marco Antonio Freire Gomes y el brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, jefes de las respectivas Fuerzas, declararon ante la Policía Federal que Bolsonaro les presentó un documento que incluía decretar un estado de defensa o de sitio, además de lanzar una operación para “Garantizar la Ley y el Orden” (GLO).
“En otra reunión en el Palacio de la Alvorada, en una fecha que no recuerda, el entonces presidente Jair Bolsonaro presentó una versión del documento con el decreto de un estado de defensa y la creación de la comisión de regularidad electoral para ‘verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral’”, dice el acta de la audiencia de Freire Gomes con la PF.
La reunión, según las investigaciones, tuvo lugar en el Palacio de la Alvorada el 7 de diciembre de 2022 -después de que Bolsonaro fuera derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva-.
La investigación de la PF también encontró una especie de “huellas” y alusiones a Bolsonaro en borradores con contenido golpista.
En la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres, la Policía Federal encontró un borrador de decreto que preveía una intervención en el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras las elecciones. El documento, fechado en 2022 pero sin día ni mes, incluía el nombre de Bolsonaro, aunque no estaba firmado ni se oficializó.
Otro borrador hallado por la policía proponía la detención de los ministros de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes, así como del presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco. También preveía la realización de nuevas elecciones. Según los investigadores, Bolsonaro habría recibido este documento en diciembre de 2022 a través de su asesor especial Filipe Martins, a quien le pidió ajustes al texto.
La policía obtuvo conversaciones de aliados del expresidente discutiendo el borrador entre noviembre y diciembre de 2022, poco antes de que Bolsonaro dejara el cargo.
En otro hallazgo reciente, la Policía Federal identificó indicios de que exasesores de Bolsonaro realizaron un seguimiento al ministro de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Este monitoreo, según los investigadores, tenía como objetivo secuestrarlo y asesinarlo.
El plan habría sido ideado por el general Mario Fernandes, exministro interino de la Secretaría General de la Presidencia. Además, conversaciones extraídas del celular de Mauro Cid, entonces asesor de Bolsonaro, muestran intercambios con el coronel Marcelo Camara, en los que se discutían los movimientos de Moraes.
Los mensajes intercambiados entre ambos en diciembre de 2022 muestran que Cid interrogó a Camara sobre el paradero del juez del Tribunal Supremo.
La Policía Federal también incluyó en su informe final sobre la investigación del golpe que hay pruebas de que Bolsonaro conocía el plan para matar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en 2022.
Según la Policía Federal, el general Mario Fernandes imprimió en el Palacio de Planalto un documento titulado “Puñal verde y amarillo”, que detallaba dicho plan. La investigación demuestra que el 16 de diciembre de 2022, el militar hizo seis copias del dossier, lo que, según los investigadores, indica que iban a ser distribuidas en una reunión.
Los registros de entrada al Palacio de la Alvorada del día siguiente, 17 de diciembre, muestran que Mario Fernandes fue uno de los visitantes de la residencia oficial presidencial.
Además, la casa del general Walter Braga Netto, que había sido candidato a vicepresidente de Bolsonaro, se utilizó para una reunión el 12 de noviembre de 2022. En la reunión, según la policía, se discutió el plan para matar a Lula, Alckmin y Moraes; el seguimiento del ministro del STF comenzó “poco después de la reunión”, según las investigaciones.
Otro elemento mencionado en la investigación es una reunión con contenido golpista en julio de 2022 en el Palacio de Planalto con miembros de la cúpula del gobierno. En esa ocasión, Bolsonaro incitó a la acción antes de las elecciones, y fue seguido por unos minutos de discurso golpista.
Según la Policía Federal, en dicha reunión, el general Augusto Heleno, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, expresó la necesidad de “dar vuelta la mesa” antes del resultado electoral.
El general Mario Fernandes, también presente en la reunión, pidió una “alternativa” antes de las elecciones si el TSE no autorizaba a los tres poderes del Estado a vigilar el proceso electoral. En su discurso, Fernandes cuestionó que “lo que va a ocurrir es otra vez el 64″, en alusión al año del golpe militar, y se mostró partidario de “correr un pequeño riesgo de perturbar el país”.
La investigación concluye que el partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), financió una estructura destinada a respaldar narrativas de fraude en el sistema de urnas electrónicas. Estas acciones buscaban legitimar las protestas frente a instalaciones militares.
El momento más crítico ocurrió el 22 de noviembre de 2022, cuando la coalición del PL, Republicanos y Progresistas presentó una demanda que, en la práctica, anularía los votos de las urnas utilizadas en las elecciones de ese año.
Otro elemento sacado a relucir por la investigación es que el antiguo comité de campaña de Bolsonaro, alquilado por el PL, pasó a ser utilizado después de la segunda vuelta por algunos aliados del expresidente, ahora investigados, que se mostraron “entusiasmados con una intervención militar de las Fuerzas Armadas”.
O Globo/GDA
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