Seúl, 10 dic (EFE)- La Policía surcoreana informó este martes que ha llamado a declarar a varios miembros del gabinete, incluyendo al primer ministro, así como al jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS), en relación a la declaración de la ley marcial realizada hace una semana de manera sorpresiva por el presidente, Yoon Suk-yeol.
Entre las personas que han sido requeridas se cuentan el primer ministro, Han Duck-soo, quien está asumiendo de facto las tareas de Yoon, el canciller, Cho Tae-yul, o los ya exministros del Interior y de Defensa Nacional, Lee Sang-min y Kim Yong-hyun, ambos considerados figuras clave detrás de la decisión de decretar la ley marcial, así como el director del NIS, Cho Tae-yong.
La Policía cree que tanto Han, como los ministros citados y Cho asistieron a una serie de reuniones del Gabinete celebradas previa y posteriormente a la declaración de la ley marcial realizada por Yoon a última hora del pasado martes.
También ha asegurado que no descarta emprender acciones legales para obligar a comparecer a los interrogatorios a aquellos altos funcionarios que se nieguen a cooperar.
La Policía y el ministerio fiscal investigan a Yoon como sospechoso de cometer traición, de amotinamiento y de abuso de poder, cargos que también pesan sobre varios altos funcionarios gubernamentales y militares involucrados en la polémica medida, decretada aparentemente con motivaciones puramente ligadas a la supervivencia política del presidente y a la protección de la primera dama, sobre la que pesan acusaciones de corrupción.
El Ministerio de Justicia prohibió ayer abandonar el país a Yoon, mientras está previsto que un juez decida hoy si emite o no una orden de cárcel preventiva para el extitular de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun.
Corea del Sur encara un panorama de incertidumbre política y en torno al futuro de Yoon, contra el que la oposición presentará esta semana otra moción parlamentaria -tras la que fracasó el sábado- para tratar de destituirlo, aunque para ello serán necesarios votos a favor del partido gobernante, que no quiere optar por la inhabilitación sino por una dimisión del presidente en los próximos meses. EFE