La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, los presidentes de las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones, y los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de los Tribunales Orales Nacionales y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional se reunieron para rechazar de manera unánime los intentos de traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad.
El pronunciamiento, acompañado de una simbólica foto que se realizó tras la reunión que tuvo lugar en la Asociación de Magistrados y Funcionarios, es una reacción al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad a intervenir en las apelaciones de las causas de la justicia nacional penal, comercial, civil y laboral.
“La jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias”, declararon las entidades. Y consideraron que “la ciudad de Buenos Aires, si bien es calificada como ‘gobierno autónomo’, su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es el producto de la voluntad de un ente superior -la Nación Argentina- expresada en la Constitución” por lo que “resulta inadecuado aludir a los magistrados que ejercen competencias nacionales en su ámbito como “meramente transitorios”.
Los jueces, fiscales, defensores, funcionarios y empleados compartieron los argumentos del procurador Eduardo Casal, que se pronunció contra la idea de habilitar la apelación del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, y del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, que se pronunció en disidencia con respecto a sus colegas. “No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones”, insistieron las asociaciones que ven diluirse a la justicia nacional tras el fallo de la Corte.
Señalaron que el Código Procesal Civil y Comercial prevé que las sentencias de las cámaras nacionales (Civil, Laboral, Comercial) se realiza mediante un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema y que “una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, que está definido por una ley.
Sostuvieron que “los Ministerios Públicos se ven afectados” porque no se cumplen las leyes del Congreso (en su unidad de actuación, continuidad recursiva, posibilidades y restricciones para recusaciones, sistema de recomendaciones jerárquicas, sanciones disciplinarias y mecanismos de remoción diversos en ambas jurisdicciones), y por la inhabilitación normativa para litigar en otra jurisdicción.
“Quienes suscribimos el presente comunicado ratificamos nuestra postura histórica: LA JUSTICIA NACIONAL NO PUEDE SER TRANSFERIDA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES [sic], conforme una recta interpretación de la Constitución Nacional”, dijeron las organizaciones.
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