A poco de cumplirse tres meses desde que la Superintendencia de Servicios de Salud que controla el ministro Mario Lugones intervino la obra social de los trabajadores rurales -Osprera-, se acumulan más de veinte casos de falta de prestación con graves consecuencias para los pacientes, que terminaron judicializados.
Entre las denuncias contra la intervención que se acumulan en la justicia existen casos de cortes en los servicios prestacionales e interrupciones en la entrega de medicamentos ambulatorios, como los oncológicos, y de alto costo, lo que naturalmente agravó patologías preexistentes en cuadros ya de por sí severos.
Son 21 casos que llegaron a la Justicia y hoy tienen amparos incumplidos. Y de ellos, existen cuatro que llegaron hasta la instancia penal porque la Obra Social desobedeció las demandas judiciales.
Ahora Voytenco denuncia a Lugones de vaciar la obra social de los peones rurales
El detalle de las presentaciones realizadas permite ver que los casos judicializados se extienden a lo largo y ancho del país. En provincia de Buenos Aires, hay casos en Junín (2), Necochea (2), Mar del Plata (1), Bahía Blanca (1) y San Nicolás (2), con intimaciones a la intervención de la obra social para cumplir con medicación y tratamientos. En San Nicolás incluso se inició una causa penal por desobediencia por parte de la obra social a la demanda judicial que le exigía restituir medicación.
Se entiende el interés de Lugones -que viene del negocio de la salud privada como socio de Nosiglia y Barrionuevo en el Sanatorio Guemes- por Osprera: se trata de una de las obras sociales más grandes del país que maneja unos 50 mil millones por mes.
En Santa Fe existen dos (2) casos judicializados con sentencia incumplida, uno por falta de medicación y tratamiento por discapacidad y el otro por una paciente que necesita cirugía y una prótesis. En Córdoba, se registran casos en Ciudad de Córdoba (1), en Villa María (2) y en Río Cuarto (1). Éste último también derivó en una denuncia penal, por un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral.
En Entre Ríos hay un caso judicializado de Concordia (1), en Río Negro hay un caso en General Roca (1) y en Salta hay un caso (1) que derivó en denuncia penal por una menor de edad tiene cáncer y a quien le interrumpieron su tratamiento oncológico. Por último, en Tucumán, hay cuatro (4) casos, uno que alcanzó la instancia penal.
Ahora Voytenco denuncia a Lugones de vaciar la obra social de los peones rurales
A finales de octubre, el ministro Lugones dictó la intervención, luego de ir y venir en resbalosas negociaciones con el líder de los peones rurales, José Voytenco. Se entiende el interés de Lugones -que viene del negocio de la salud privada como socio de Nosiglia y barrionuevo en el Sanatorio Guemes- por Osprera: se trata de una de las obras sociales más grandes del país que maneja unos 50 mil millones por mes.
que se plasmó en una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud que destituyó al Consejo Directivo de Osprera, que había asumido en julio tras 15 meses de intervención judicial y con un mandato aprobado por el propio organismo gubernamental.
Desde entonces, la obra social recibió cientos de reclamos, pedidos y denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos.
Por el corte en la cadena de pagos, se dejaron de autorizar y liberar las compras de medicamentos de alto costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.