La Fiscalía de Corea del Sur ha solicitado este viernes extender dos semanas la detención del presidente destituido del país, Yoon Suk Yeol, a medida que continúa la investigación sobre la polémica declaración de la ley marcial, una medida que fue revocada a principios de diciembre tan solo horas después de que entrada en vigor y que ha sumido al país en una grave crisis política.
La decisión de los fiscales llega tan solo un día después de que la Oficina Anticorrupción del país haya dejado el caso en manos de la Fiscalía dado que la agencia, como tal, carece de jurisdicción para imputar al presidente.
Ahora, los fiscales especiales a cargo de la investigación sobre la le marcial han presentado esta solicitud ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl para mantener a Yoon bajo custodia al menos hasta el 6 de febrero.
El exmandatario ha sido acusado de incitación a la insurrección y abuso de poder por su papel en la declaración de una ley que implicó el despliegue de un fuerte dispositivo militar en torno al Parlamento para impedir la votación sobre el decreto en cuestión.
La ley surcoreana establece que un sospechoso puede permanecer detenido hasta diez días, con solo una prórroga de otros diez, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap. En caso de que la corte apruebe la extensión, la Fiscalía podría someterlo a interrogatorios, aunque todo apunta a que Yoon podría negarse a cooperar.
En caso de que el tribunal rechace extender la detención de Yoon, la Fiscalía tiene previsto imponer los citados cargos en su contra. De momento, el presidente destituido sigue bajo arresto en el centro de detención de Seúl en Uiwang, al sur de la capital.
De forma paralela, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre la declaración de la ley marcial. Si finalmente la corte avala la destitución de Yoon, el país deberá celebrar elecciones en un plazo de 60 días. En caso de que la rechace, Yoon volverá al cargo.