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miércoles, febrero 5, 2025

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Denuncian al intendente de Río Gallegos por irregularidades en el reparto de terrenos

POLÍTICA

Pablo Grasso habría defraudado a la administración pública durante su gestión en el IDUV.

El presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, presentó una denuncia formal contra el actual intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y su hermana, María Grasso, por supuestas  irregularidades en la adjudicación de terrenos durante su gestión al frente del organismo entre 2015 y 2023.

Acusaciones de administración fraudulenta

La denuncia presentada por Mansilla sostiene que se habría producido una administración fraudulenta de bienes del Estado Provincial, en particular la entrega de lotes en la costanera local, un área de alto valor económico. Según la presentación, los terrenos habrían sido asignados a personas que no cumplían con los requisitos legales establecidos.

Mansilla afirmó que las adjudicaciones se realizaron sin respetar la normativa vigente, favoreciendo de manera discrecional a personas con vínculos políticos con el entonces presidente del IDUV. Además, remarcó que Grasso no tenía facultades legales para disponer de estos bienes, según lo estipulado en la Ley 1179, que regula las atribuciones del organismo.

| La Derecha Diario

Beneficio a allegados políticos

La denuncia también indica que la mayoría de los lotes fueron entregados a exfuncionarios del gobierno de Alicia Kirchner y a allegados de Pablo Grasso. Mansilla calificó el proceso como «discrecional y desigual», dejando de lado a ciudadanos que cumplían con los requisitos y llevaban años esperando acceder a un lote con servicios.

Presentación ante la Justicia

| La Derecha Diario

La denuncia fue formalizada el viernes 29 de noviembre mediante el sistema SIPED, en el Juzgado de Instrucción N°2. En el documento, Mansilla subrayó que las acciones denunciadas reflejan una desviación del objetivo principal de la función pública, que es «la búsqueda del bien común y el compromiso de lealtad con los habitantes de la provincia».

Ahora, será la Justicia la encargada de determinar si existieron irregularidades y si corresponde una acción penal contra los involucrados.

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