Arizona avanza con una legislación que busca endurecer el control migratorio y reforzar la cooperación entre las autoridades locales y federales. El proyecto, conocido como Arizona ICE Act, ya superó varias instancias legislativas y podría convertirse en una de las normas más estrictas del país norteamericano en materia de inmigración ilegal. Sin embargo, el último paso puede ser el más complejo: que la gobernadora demócrata Katie Hobbs no la vete. De acuerdo a los antecedentes, la mandataria estatal podría tomar esa determinación.
Uno de los pilares de la nueva normativa es la obligación de las agencias estatales y locales de colaborar con el gobierno federal en la aplicación de las leyes migratorias. Bajo esta ley, ningún condado, ciudad o entidad política de Arizona podrá adoptar políticas que limiten esta cooperación.
Además, el fiscal general de Arizona tendrá la potestad de investigar y demandar a aquellas jurisdicciones que incumplan estas disposiciones.
La ley establece protocolos estrictos para las fuerzas del orden cuando arrestan a personas bajo sospecha de estar ilegalmente en EE.UU.
Según el texto, estas medidas buscan evitar que personas con antecedentes penales o vínculos con organizaciones criminales queden en libertad.
La normativa también obliga a las prisiones y cárceles de Arizona a firmar convenios con el ICE para alojar a detenidos migratorios.
Los legisladores republicanos argumentan que esta medida aliviará la carga económica que, según ellos, genera la inmigración irregular. Un informe citado en el proyecto afirma que los indocumentados le costaron a Arizona más de 3190 millones de dólares en 2023.
Los promotores de la ley, que son legisladores republicanos, sostienen que es necesaria para frenar la crisis en la frontera. Datos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes señalan que, desde 2021, hubo más de 8,5 millones de encuentros con migrantes en el suroeste de EE.UU., entre los cuales se incluyen a 57.000 personas con antecedentes penales.
“La seguridad de las familias de Arizona está en riesgo por la inmigración ilegal”, afirma el texto, que también menciona casos de sospechosos de terrorismo o miembros de pandillas capturados en EE.UU.
El proyecto ya fue aprobado por el Senado estatal (17 votos a favor y 12 en contra) y avanza en la Cámara de Representantes de Arizona. De convertirse en ley, se aplicará retroactivamente desde el 31 de diciembre de 2024, lo que significa que afectaría incluso a casos ya iniciados.
La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, mantiene una postura crítica hacia las iniciativas republicanas que buscan combatir la migración irregular o ampliar la colaboración estatal con las redadas federales.
Según el medio Ktar, en enero pasado, la mandataria dejó claro que no utilizaría recursos del estado para apoyar operativos migratorios masivos, especialmente bajo la administración Donald Trump.
Más allá de sus recientes declaraciones públicas, hay una antecedente importante: el 4 de marzo de 2024, rechazó una ley aprobada por la Legislatura que buscaba criminalizar el ingreso irregular por la frontera. En ese momento, argumentó que:
En este contexto, los republicanos la acusaron de ser “cómplice” de la administración Biden, según Associated Press. No obstante, Hobbs insistió en que Arizona necesita soluciones reales, no gestos simbólicos.