Luego de que Diputados avanzara con la creación de una comisión investigadora del escándalo cripto, en el Senado buscan insistir con un proyecto similar a fin de determinar la responsabilidad del presidente Javier Milei; su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios del gabinete nacional en la promoción de la memecoin que produjo pérdidas millonarias tras alcanzar un importante pico.
La propuesta de la comisión especial investigadora volvió a ser presentada por el radical Pablo Blanco luego de que fracasará su aprobación por solo un voto en el tratamiento sobre tablas durante el período de sesiones extraordinarias. Vale recordar que en aquella oportunidad, el radicalismo votó a favor de habilitar el debate en el recinto, pero a la hora de aprobar la iniciativa hubo senadores que terminaron votando en contra. El caso más resonante fue el del correntino Eduardo Vischi, jefe de la bancada, quien incluso había acompañado el proyecto con su firma.
Ahora, la oposición busca aprovechar el escenario generado por el revés que el Gobierno sufrió en Diputados y el descontento de algunos gobernadores para avanzar en la conformación de una comisión en el ámbito de la Cámara Alta después de la semana corta por el feriado de Pascua. Pero el camino no será sencillo porque el proyecto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal); y de Presupuesto y Hacienda, que está cargo del jujeño Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).
Vigo dejó trascender su voluntad de incorporar el proyecto al temario, pero por cuestiones reglamentarias advirtió que se debe convocar a un plenario de las dos comisiones, jugada que no debe estar en los planes del senador oficialista. Más allá de cómo pueda reaccionar la Casa Rosada, que parece haber trabado la comisión en Diputados, la oposición tiene el número para sacar despacho de mayoría y el interrogante estará centrado en lo que pueda ocurrir en el recinto del Senado.
Cómo están los votos en el Senado para avanzar con la comisión investigadora
Cuando la propuesta fue debatida durante las sesiones extraordinarias, en febrero, la votación terminó con 47 votos a favor y 23 en contra, a uno de alcanzar los dos tercios. En aquella ocasión, el proyecto contó con el apoyo del peronismo, incluyendo los votos de los senadores de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil como los de Santiago del Estero de Gerardo Zamora. También sumó a un sector de la UCR, a la larretista Guadalupe Tagliaferri, al ex oficialista Francisco Paoltroni, a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y a la rionegrina Mónica Silva.
Es sabido que los dos senadores por Santa Cruz negocian cada votación por lo que es difícil confirmar que vayan a mantener el apoyo. En la última votación acompañaron al Gobierno dando su voto a favor de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema aunque finalmente ambos candidatos terminaron siendo rechazados por una amplía mayoría de la Cámara, en un hecho histórico porque fue la primera vez que el Senado voltea en el recinto a postulantes del Ejecutivo.
El dato es que Carambia y Gadano dieron su voto porque días antes el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, había firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) con YPF para avanzar en la cesión de las 10 áreas convencionales que la compañía opera en dicha provincia. Sin embargo, esta semana cuando el Gobierno decidió bajar la sesión que había convocado para tratar Ficha Limpia porque no tenía los apoyos, los santacruceños se negaron a firmar con el resto de los dialoguistas una nota pidiendo la suspensión del debate. Con el apoyo de los dialoguistas, el oficialismo buscaba maquillar el error de la Casa Rosada al apurar el tratamiento de un proyecto que dejaría a Cristina Kirchner sin chance de presentarse para las elecciones nacionales.
En el Senado, se especula que el resto de los legisladores que apoyaron la propuesta de Blanco estarían decididos a ratificar lo expresado en febrero. Como se trata de una comisión especial, el artículo 88 del reglamento del Senado establece que se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara para su aprobación. Por eso, la atención está puesta en los cambios que se dieron en Diputados y en los senadores que rechazaron en su momento la iniciativa.
La clave para que se apruebe la comisión investigadora
Algunos se preguntan si Vischi, que firmó el proyecto en su momento, finalmente, terminara llevando su tropa al recinto para avanzar con la comisión o Mauricio Macri volverá a mandar a algún senador del PRO para enviarle otro mensaje al Gobierno ante la falta de definición de un acuerdo electoral como lo hizo con los pliegos de los jueces para la Corte. Y sobre todo qué hará Vigo, la esposa del ex gobernador Juan Schiaretti.
La posibilidad de que la senadora termine dando el voto a favor creció luego de que Martín Llaryora diera luz verde a sus diputados para que apoyen la comisión en la Cámara Baja. Las tensiones entre Córdoba y la Casa Rosada están vinculadas a la demora en la obra pública y a un viejo reclamo por la situación de la caja de jubilaciones. Incluso, la provincia y las autoridades de la ANSeS fueron convocados por la Corte Suprema a una audiencia de conciliación para el 23 de abril a fin de llegar a un acuerdo ante el reclamo por la falta de actualización de los recursos que envió la Nación.
«Estamos asistiendo a un cambio de clima y si a eso le agregamos problemas en la economía, el descontento de algunos gobernadores porque el Gobierno no cumple con los acuerdos y las tensiones que provoca un año electoral, se puede decir que se está generando la tormenta perfecta», describió un senador de la oposición pronosticando una nueva derrota para el oficialismo en el actual escenario.
A diferencia de la propuesta de Diputados, la comisión investigadora que se impulsa en el Senado estará integrada por 11 legisladores que serán designados respetando la proporcionalidad en la composición de los distintos bloques. Y tendrá un plazo de 180 días para presentar su informe ante la Cámara y podrá solicitar informes y convocar a funcionarios del Ejecutivo.