El decreto en cuestión, publicado el 16 de junio en el Boletín Oficial, redefine el rol de la Policía Federal, amplía sus facultades, habilita prácticas de inteligencia sin control judicial y detenciones arbitrarias en plena vía pública. Lejos de inocua modernización, como quieren presentarla, se trata de un salto cualitativo hacia un Estado policial.
¿Qué establece el decreto que se busca anular?
Entre otras cosas, el Decreto 383/2025 establece el traspaso de la Policía Federal Argentina al ámbito federal; la habilitación a realizar acciones de inteligencia criminal, incluyendo ciberpatrullajes y acceso a bases de datos públicas y privadas, sin orden judicial previa; la posibilidad de requisar personas, vehículos y pertenencias, y detener a ciudadanos durante hasta diez horas, si no pueden acreditar su identidad o se presume que “podrían cometer un delito”; la autorización a intervenir “espontáneamente” en manifestaciones bajo la figura de delito flagrante, lo que amplía el poder de represión estatal frente a protestas sociales, entre otras.
Como advierten los diputados del Frente de Izquierda, se trata de una amenaza directa a los derechos democráticos, que revive prácticas ya vistas durante la gestión de Patricia Bullrich en el gobierno de Mauricio Macri, cuando también hubo detenidos por publicaciones en redes sociales.
El caso emblemático de Nicolás Lucero, detenido por una canción de cancha que publicó en Twitter y acusado falsamente de amenazas, es una advertencia sobre el uso discrecional de las herramientas represivas que se pretenden fortalecer.
En un contexto de profunda crisis, donde las calles se llenan cada vez más de movilizaciones por los crecientes ; y en el marco de un régimen que avanza en métodos de persecución y criminalización de opositores y luchadores populares, no es nada casual que se le dé más poder e impunidad a esta fuerza, que apalea jubilades y niñes cada miércoles y tira balazos a los ojos a quienes se movilizan contra el ajuste, como pasó con el asesor de las bancas del PTS-Fremte de Izquierda y abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Matías Aufieri.
“La habilitación a la Policía Federal para que pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito, busca invertir el sistema penal, pasando del “derecho penal de hecho” al “delito de autor”, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo”, dice también el texto presentado por Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.
Lo que el Gobierno intenta hacer pasar como una “modernización” del Estatuto de la Policía Federal es nada menos que un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial, dando a esta fuerza vía libre para espiar y detener, basados simplemente en lo que “crean” o “sospechen” e incluso, en lo que crean o sospechen que alguien podría llegar a hacer.
Acá podés leer el texto completo del proyecto:
Pl-Anulación Dnu Pfa (1) by Sol Bajar