El gobierno libertario, con la ministra de Seguridad a la cabeza, desplegó una serie de medidas para profundizar el carácter autoritario de este régimen. A un día de reformar el estatuto de la Federal, las requisas se pusieron en práctica en el marco de un día con varias acciones que se volcaron a la calle.
Los derechos y las libertades democráticas han sido uno de los blancos de ataque de este gobierno desde que los libertarios llegaron a la Rosada. Este programa, dirigido a recrudecer el autoritarismo de este régimen, tuvo su carta de presentación con el protocolo antipiquetes de Bullrich, la Ley Ómnibus (devenida en Ley Bases) y el Decreto 70. A partir de esos pilares, el oficialismo viene intentando profundizar este camino y en los últimos días ha acelerado en esta materia.
Patricia Bullrich, esta semana, anotó otro elemento más en su aventura represiva con la reforma del estatuto de la Policía Federal. La habilitación de las requisas y del ciberpatrullaje, sin necesidad de una orden judicial, permite que esta institución recupere prácticas similares a las que poseía durante las últimas dictaduras.
A un día de decretarse esta provocación, ya se puso en práctica en la previa de una jornada con movilizaciones y acciones anunciadas a realizarse en el día de ayer. Como buena provocadora profesional, la titular de la cartera de Seguridad se encargó de que todas las fuerzas federales, sobre todo Gendarmería y la Policía, se tomaran el trabajo de demorar a todas las personas que se dirigían a estas acciones. Además de hostigar a todos los que quisieran movilizarse para infundir temor, los operativos puestos en marcha durante el 18 de junio por medio de estas fuerzas violaron la Ley de Inteligencia 25.520.
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Los retenes dispuestos por Gendarmería en las rutas y por la Policía en las estaciones de tren consistían en controlar la identidad de los manifestantes o de quienes las fuerzas consideraban que podían llegar a ser parte de las manifestaciones que se realizaron ese día. En algunos casos, las requisas a las personas demoradas se dieron sin ningún problema. Todas estas prácticas, según la Ley de Inteligencia Nacional, se encuentran prohibidas. El artículo 4° de esa ley establece, en el segundo inciso, que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Todo esto, establecido en la ley, se incumplió. Por lo tanto, un sector de diputados del peronismo anunció que elevará una denuncia ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia contra la ministra Bullrich.
Según las declaraciones de quienes fueron demorados, las fuerzas federales no solo requisaron, sino que también copiaron las listas de pasajeros y fotografiaron los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha. Como lo señaló el legislador de UxP, Leopoldo Moreau, el gobierno podría estar “construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos”.
Si bien las herramientas legales muchas veces son un elemento en el cual uno se puede apoyar para frenar estos avances en materia represiva y de quita de derechos, el panorama actual es distinto. Desde el arribo de Milei al poder, la Justicia se ha encargado de acompañar al gobierno en este camino autoritario, haciendo que muchas de las definiciones que dice defender se hayan convertido en papel mojado.
Por la dinámica del oficialismo y del Poder Judicial, la presentación de denuncias por sí solas carece de efecto. Si esto no se acompaña de un proceso de movilización, los funcionarios de este poder no sienten presión alguna, y ejemplos sobre esta dinámica existen. La declaración sobre la inconstitucionalidad del capítulo laboral del Decreto 70 no se hubiera logrado sin la presión generada por la movilización.
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La calle solo puede frenar esta avanzada
La represión sufrida por los jubilados, la reforma del estatuto de la Federal y el fallo de la Corte contra CFK son algunas de las muestras más recientes que permiten observar algo anunciado por las intenciones del gobierno desde el día uno: tender a un régimen mucho más autoritario.
Con la propuesta política de convertir al país en un actor servil de un sector de la economía argentina y del imperialismo yanqui, este direccionamiento se vuelve fundamental para que los objetivos del gobierno se materialicen.
Frente a lo descripto, la máxima unidad en las calles, donde se logre unir todas las luchas —tanto salariales como laborales, y las relacionadas con la defensa de las libertades democráticas— puede frenar cualquier intento de este tipo de avance.
La bronca que se muestra en las calles para nada necesita de esperas por tiempos electorales; ligarse a ese calendario solo va a facilitar la disolución de los procesos de lucha. Para combatir a este gobierno se necesitan paros generales activos, planes de lucha, movilizaciones, asambleas y acciones masivas que unifiquen los procesos y respondan de forma integral a los problemas de las mayorías trabajadoras. No impulsar este tipo de proceso y atenerse únicamente a las herramientas parlamentarias e institucionales podría permitir que la profundización autoritaria propuesta por Milei y la Justicia continúe su rumbo.