Una nueva encuesta realizada a nivel nacional por Inquilinos Agrupados reveló datos alarmantes sobre la situación habitacional en Argentina: el 67% de los hogares inquilinos destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales al pago del alquiler. El estudio, basado en 909 casos relevados en todo el país durante junio, expone un escenario de extrema vulnerabilidad económica en los sectores que no acceden a la vivienda propia.
Además, un 14% de los consultados aseguró que gasta más del 60% de sus ingresos solo en el alquiler. El panorama es especialmente crítico para los jubilados, que destinan en promedio un 49% de sus haberes al pago mensual de la vivienda. Ante esta presión económica, muchas familias se ven obligadas a ajustar en áreas clave: el 66% admitió haber reducido el gasto en alimentos, el 53% en salud y un abrumador 94% dejó de realizar actividades recreativas o culturales.
El informe también refleja una alta tasa de endeudamiento estructural: el 72% de los hogares encuestados tiene deudas. De ese total, el 56% está endeudado por el uso de tarjetas de crédito, el 44% por compras de alimentos, el 32% específicamente por no poder afrontar el alquiler, y otro 32% por gastos relacionados a la salud.
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Alquileres impagables
En cuanto a la modalidad de actualización del precio del alquiler, el 78% de los inquilinos señaló que su contrato se ajusta cada seis meses, mientras que el 55% lo hace tomando como referencia la inflación medida por el IPC. Solo un 16% mantiene actualizaciones anuales, lo que refleja una tendencia creciente a la inestabilidad y la pérdida del poder adquisitivo.
El informe también aborda las expectativas a futuro: el 89% de los inquilinos expresó temor a no poder pagar el alquiler en los próximos meses. Este dato subraya la fragilidad económica que atraviesan miles de familias y pone en evidencia la falta de políticas públicas que garanticen el acceso justo y sostenido a una vivienda.
Los autores del informe aseguran que “la situación es de extrema gravedad social” y demandan medidas urgentes que contemplen tanto el acceso a viviendas asequibles como regulaciones más claras para los contratos de locación. En ese contexto, crece la preocupación por la falta de alternativas habitacionales y por el impacto negativo que esta realidad tiene sobre la calidad de vida de millones de personas.
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