La Justicia argentina convocó a una audiencia clave para el próximo 7 de julio a las 12:00 horas, con el objetivo de definir el régimen de visitas que podrá recibir Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner cumple su condena en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, tras la confirmación de su sentencia a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad.
La audiencia fue fijada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El motivo de la convocatoria es analizar el recurso presentado por la defensa de la ex mandataria, que cuestiona las restricciones impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, el cual limitó las visitas a su domicilio exclusivamente a familiares, abogados y médicos, y exigió una lista cerrada de personas autorizadas, además de requerir autorización previa para cualquier otra visita.
La defensa, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que estas condiciones son excesivas y vulneran derechos fundamentales, especialmente tratándose de una figura pública con una activa vida política.
Argumentan que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a quienes cumplen prisión domiciliaria, y que la exigencia de una lista cerrada de visitantes “no registra antecedentes” y carece de justificación legal.
Además del régimen de visitas, la defensa también impugnó la colocación de una tobillera electrónica para monitorear el cumplimiento de la prisión domiciliaria, aunque ese punto aún no fue elevado a Casación.
Repercusión política
El debate sobre las visitas a Cristina Kirchner ha generado una fuerte repercusión política. Más de 700 personas solicitaron autorización para visitarla, entre ellas 44 diputados nacionales y 30 senadores de Unión por la Patria, quienes presentaron un escrito formal ante el tribunal.
En su presentación, los legisladores argumentaron que, como representantes electos, tienen un mandato institucional que les permite participar en asuntos de interés público sin necesidad de autorización judicial. Alegan que negarles el ingreso sería una violación a la división de poderes y a las garantías institucionales del Congreso.
Seguinos en Google News y en nuestro canal de Instagram, para seguir disfrutando de las últimas noticias y nuestro mejor contenido.