En medio del escándalo que generó la detención de militantes kirchneristas por una contravención frente a la casa del diputado José Luis Espert, la jueza Sandra Arroyo Salgado finalmente resolvió este viernes otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar.
La joven había sido detenida y trasladada a la prisión de máxima seguridad de Ezeiza por un simple contravención municipal en lo que, para un amplio sector de la oposición, fue interpretado como un intento por acallar a la voces críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei.
A pesar de padecer una enfermedad autoinmune que debe tratar, Abaigar fue detenida durante más de 10 días en condiciones inadecuadas para su condición. Arroyo Salgado resolvió que deberá utilizar tobillera electrónica.
Concedieron la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar
Abaigar es investigada en la causa junto a Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, quienes, según sus defensas, sufren una «persecución judicial y mediática».
La funcionaria en el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense quedó involucrada en hecho donde apenas se colocó un pasacalle y estiércol en la casa del diputado Espert.
«Conceder la solicitud de prisión domiciliaria, bajo vigilancia electrónica promovida en favor de Alesia Abaigar. A tal fin, intímese a la defensa a que en el término de una hora de notificada la presente aporte el domicilio en el cual cumplirá el arresto domiciliario aquí dispuesto, como así también los datos de la persona que designará como referente a tal fin», expresar el artículo 1 del lo dispuesto por la jueza.
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Sandra Arroyo Salgado
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación pidieron el jueves por la excarcelación de los detenidos por el escrache en la casa del diputado Espert. Solicitaron a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ser aceptados como amicus curiae al argumentar que tanto Aesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes sufren «persecución judicial y mediática».
Consideran que la acusación penal en la que avanzó el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro es «forzada y desproporcionada» y «parte de criminalizar hechos que son acciones políticas simbólicas, sin que hubiera violencia ni afectara bienes de nadie».
«La decisión de encarcelar personas solo se puede basar en la existencia de riesgos procesales, es decir, pruebas de que van a fugarse o entorpecer la investigación. Si las personas imputadas tienen arraigo y ocupaciones estables, deben atravesar el proceso en libertad. Y en ningún caso este tipo de medidas puede tomarse por una contravención, que es lo que podría constituir este hecho, si se comprobara la participación de los acusados», agregaron.
Denuncia contra Arroyo Salgado
Los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron este viernes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Los consejeros acusan a la magistrada de ordenar allanamientos violentos de madrugada, detener arbitrariamente a militantes peronistas -en su mayoría mujeres-, mantenerlas incomunicadas, secuestrarles los celulares y elementos personales, determinar traslados a cárceles de máxima seguridad por un hecho que, como máximo, podría representar una contravención municipal.
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Se trata de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes, privados de su libertad por su militancia política.
«Presentamos una denuncia por mal desempeño contra Sandra Arroyo Salgado por la arbitraria detención de militantes por expresarse políticamente, en un accionar que no configura un delito y mucho menos uno que amerite encarcelamiento. Impulsamos la denuncia y vamos a trabajar para que se apliquen las sanciones correspondientes porque el que las hace, las tiene que pagar», explicó Mariano Recalde.
«El accionar de la jueza configura un desvío de poder», agregó Vanesa Siley y detalló: «Allanamientos con violencia en horas de la madrugada, perturbación en la vivienda no solo de las detenidas sino de sus familias, la decisión de mantenerlas incomunicadas y malos tratos durante toda la detención. Además, no tenemos conocimiento de los delitos porque es un expediente que tramita bajo secreto de sumario».
«Tenemos argentinos detenidos ilegalmente. Es un deber para nosotros realizar esta denuncia y esperamos darle pronto tratamiento en las comisiones del Consejo de la Magistratura», expresaron los consejeros tras la presentación formal.
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