Las estadísticas publicadas por la Corte Suprema de Justicia, expusieron un dato central: la extrema judicialización de la política estatal. No sólo de temas previsionales, sino de otras medidas que terminan en el máximo tribunal para su resolución definitiva. Hay otro aspecto central en el documento oficial: el 82% de las causas ingresadas fueron rechazadas a través del Artículo 280 y otras herramientas. En muchos casos, incluso, fueron desestimados porque los abogados hicieron mal las presentaciones. Hay una estadística que preocupa: a este ritmo de judicialización, en cinco años la Corte colapsará.
El máximo tribunal presidido por el juez Horacio Rosatti persigue el objetivo de la transparencia respecto al funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial. Hace diez días se conoció el Anuario Estadístico 2024 que revelan «un fuerte incremento de causas ingresadas al máximo tribunal del país”.
A la hora de profundizar en los números que expone el documento oficial, se observa que en el transcurso del año pasado, primer año de gestión de Javier Milei, ingresaron a la Corte 45.678 casos. El número se impone como el más elevado de la última década. En comparación con 2023, la variación porcentual verificó un incremento del 41,71%.
El aumento de los recursos encuentra su explicación en la política. “Se termina resolviendo en la Justicia lo que la dirigencia política a través de sus instituciones, como el Congreso, no logra dirimir”, explicó una fuente judicial a Clarín.
Ese comportamiento se traduce en números: el 55,9% de los planteos que ingresaron al máximo tribunal fueron presentados por gobiernos, organismos y dependencias públicas. De ellos, el 91,6% correspondió a la ANSES.
Pero hay otro dato: ¿Prosperaron esos planteos? En un 82%, no. Fueron rechazados.
Ese resultado desprende otro interrogante, ¿debieron haber llegado hasta la Corte esos recursos? La primera lectura, indica que no. Por ese motivo en gran medida, más específicamente en un 82% fueron rechazados a través del Artículo 280 u otras fórmulas.
Se trata de recursos en los que el máximo tribunal, una vez realizado su estudio, los resuelve sin relatar los hechos y antecedentes en el texto del fallo. Los magistrados tienen la potestad de no exponer argumentos respecto a su decisión y cómo arribaron a la desestimación del caso. Por ejemplo: el Caso Ciccone que derivó en la firmeza de la condena por corrupción contra Amado Boudou, fue a través de un 280.
Hay desestimaciones en las que se utilizan fórmulas legales o de uso frecuente y significado asentado para las partes y letrados. El caso más reciente, fue el caso Vialidad. Se rechazaron los recursos extraordinarios de las partes y del Ministerio Público Fiscal, pero ante la relevancia del expediente y la gravedad de los hechos atribuidos a Cristina Kirchner, la Corte explicó los argumentos en los que sustentó su criterio que tuvo como efecto inmediato la detención de la ex presidenta en cumplimiento de la condena por corrupción.
Hay otra lectura sobre este resultado del 82% de todos los recursos que ingresaron a la Corte: muchos de ellos fueron rechazados porque no cumplían con los requisitos legales para su admisibilidad. Terminan convirtiéndose en un llamado de atención para los abogados.
Este frecuente error, algo que en la justicia denominan “la industria de los asesores letrados que cobran por recursos presentados”, fue expuesto también en el caso Vialidad: los cortesanos le señalaron a Carlos Beraldi que había recursos mal presentados técnicamente. Eso produce su rechazo inmediato.
En el caso de la Anses, que es el organismo del Estado que más litiga, en el 91,6% de los recursos que ingresaron a la Secretaría previsional, “los abogados no tienen la obligación a presentar recursos frente a un planteo adverso”, señalaron fuentes judiciales a Clarín. Sin embargo, en la práctica el comportamiento ya arraigado es otro: una judicialización extrema.
Otro concepto se desprende de este escenario, la cultura de llevar a los tribunales todo se convirtió en un terreno fértil para la política. Ello explica porque son los principales responsables de los planteos que ingresan a la Corte.
En el tema previsional tiene una acción concreta que los gobiernos -sin distinción del color político- tienen muy en claro y por ello, seguramente, lo utilizan: diferir pagos. La contrapartida de esa decisión deliberada es la saturación que produce en la Justicia.
Fuentes del Palacio de calle Talcahuano explicaron que en cinco años y a este ritmo de judicialización de los casos previsionales, “el colapso será total”. La industria del juicio es “generado por excelencia por el Estado” y lo que provocará es una congestión absoluta de la administración de justicia.
La situación muestra una problemática que sólo se ha profundizado en estos casi dos años de gestión libertaria: mientras la política, desde organismos del Estado, incrementa la judicialización ante medidas, decretos, leyes, resoluciones que no se dirimen en otros ámbitos, es la misma política la que continúa sin cubrir los cargos vacantes de la Justicia, lo que incluye a la propia Corte.
Cuando Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, el Poder Judicial tenía un 30,5% de sus cargos vacantes. A la fecha esa cifra trepó al 32,93% según los números del propio Ministerio de Justicia.
Hace más de un año y medio el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tiene 222 pliegos sin cubrir, 156 corresponden a jueces de diversos fueros. El resto corresponde al Ministerio de la Defensa y sobre todo, al Ministerio Público Fiscal, cuyas vacancias afrontan un porcentaje sin precedente, más del 42%.