Hoy, 13 de agosto, se presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el tercer proyecto de ley para expropiar y frenar el remate judicial del Centro Cultural y Social “Olga Vázquez”. Desde hace 22 años, el edificio funciona como un espacio autogestionado que alberga actividades culturales, sociales y educativas, pero su continuidad se ve amenazada por un litigio con una sociedad comercial que reclama la propiedad del inmueble.
“El derecho de propiedad privada, en este caso de una sociedad comercial, se ha convertido en un obstáculo y fuente de amenaza judicial, que impide acceder a toda una serie de derechos fundamentales”, señaló Leonel Acosta, candidato a diputado por el MST. Para el dirigente, “esta expropiación contra una sociedad comercial es una confiscación con sentido social contra el lucro privado y al servicio de un centro cultural, un bachillerato, de un arma de creatividad masiva”.
El proyecto de ley
La iniciativa ingresada hoy a la Cámara de Diputados declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las dos parcelas donde funciona el Centro Cultural y Social “Olga Vázquez”, actualmente inscriptas a nombre de una sociedad comercial. El texto establece que los inmuebles serían adjudicados a la Asociación Civil “Unión Solidaria”, con el compromiso de destinarlos al funcionamiento de emprendimientos solidarios sin fines de lucro.
Entre los fundamentos, el proyecto resalta los 22 años de historia del espacio, que ha albergado cooperativas de trabajo, bibliotecas, talleres artísticos, escuelas de oficios y el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, hoy reconocido oficialmente como CENS N° 476. También subraya su papel social en situaciones de emergencia, como durante la inundación de La Plata en 2013, cuando se convirtió en centro de acopio y organización solidaria.
No es la primera vez que se intenta garantizar su continuidad por vía legislativa: en 2007 ya se sancionó una ley de expropiación, prorrogada en 2013 y 2017, aunque esta última extensión fue vetada en 2018. Con este nuevo intento, los impulsores buscan frenar el remate judicial y consolidar definitivamente el “Olga Vázquez” como patrimonio cultural y social de la ciudad.
Más que paredes
La defensa del “Olga Vázquez” forma parte de una pelea más amplia por lograr que los espacios de nuestras ciudades respondan a las necesidades de la comunidad y no a la lógica del mercado. Durante más de dos décadas, el centro demostró que un edificio en manos del pueblo puede generar trabajo, educación y cultura para cientos de personas.
Frente al avance de la especulación y los remates judiciales, la expropiación se presenta como una herramienta legítima para proteger lo que ya funciona como bien común. No se trata solo de salvar un inmueble sino de sostener un modelo de gestión colectiva que pone los recursos al servicio de la mayoría y no de un puñado de propietarios.
Marcela Gottschald