El Gobierno argentino confirmó que el país no buscará un nuevo mandato en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo intergubernamental compuesto por 47 Estados que se dedica a formular recomendaciones sobre políticas internas de los países.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, responde a la visión de que Argentina debe evitar compromisos en foros multilaterales donde considera que predominan intereses ideológicos ajenos a la realidad nacional.
Una decisión coherente con la política exterior del Gobierno
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La administración de Milei ya había anticipado su desconfianza hacia ciertos organismos internacionales, a los que catalogó como estructuras burocráticas que limitan la libertad de los países. En este marco, se decidió no renovar la candidatura argentina, lo que fue comunicado a la representación nacional en Ginebra.
Desde la Casa Rosada sostienen que esta política responde a un alineamiento con las democracias occidentales que cuestionan la eficacia y parcialidad del Consejo. De hecho, Estados Unidos y Israel también se retiraron en los últimos años, denunciando sesgos ideológicos y decisiones arbitrarias que, lejos de promover los derechos humanos, terminan utilizándose como herramienta de presión política.
Críticas al sesgo y la injerencia del organismo
Uno de los factores que influyó en la determinación fue el último informe del Consejo sobre Argentina, donde se cuestionaban designaciones en la Corte Suprema. Para el Gobierno, ese documento representó un claro ejemplo de injerencia indebida en la política interna, al opinar sobre decisiones soberanas del Ejecutivo y el Congreso.
En ese sentido, Milei ya había advertido en la Asamblea General de la ONU que el organismo se transformó en un “leviatán de múltiples tentáculos” que impulsa la Agenda 2030, considerada una imposición ideológica contraria a los intereses de la Argentina.
Una estrategia de libertad y soberanía
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La decisión se inscribe dentro de un plan más amplio de reducir la presencia argentina en organismos internacionales que, según el Gobierno, consumen recursos sin aportar beneficios concretos. Lo mismo ocurre con el anuncio de salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2026, en sintonía con la postura de Donald Trump en su momento, debido a las fallas demostradas durante la gestión de la pandemia de COVID-19.
La Casa Rosada sostiene que Argentina seguirá defendiendo los derechos humanos desde su propia institucionalidad y con una mirada basada en la libertad, el respeto a la ley y la soberanía nacional, sin aceptar condicionamientos externos.
Posicionamiento internacional
La retirada de Argentina del Consejo de Derechos Humanos no implica un aislamiento, sino un reposicionamiento estratégico.
El Gobierno busca proyectar al país como un actor libre de presiones externas, dispuesto a participar en foros que respeten la autodeterminación de los pueblos y que no se conviertan en plataformas de propaganda ideológica.