El juez federal Julián Ercolini decidió este martes delegar en el fiscal Carlos Stornelli la investigación por presunto espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La causa apunta a esclarecer si la hermana del mandatario fue grabada en la Casa Rosada o dentro del Congreso.
Stornelli había considerado que correspondía abrir la pesquisa y ordenó pedir informes tanto a la Inspección General de Justicia (IGJ) como al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Ambas dependencias deberán aportar información sobre el canal de streaming Carnaval, la señal digital que difundió los audios que comprometen a la funcionaria.
El fiscal, sin embargo, rechazó de plano avanzar sobre los domicilios de periodistas, como pretendía la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En su denuncia, la funcionaria había pedido allanamientos, algo que Stornelli calificó como improcedente por la prohibición expresa de investigar la fuente de quienes ejercen la labor periodística.
La controversia central de la causa radica en determinar el lugar donde fueron grabadas las conversaciones de Karina Milei. Mientras que desde el Ejecutivo sostienen que las grabaciones ocurrieron en la Casa de Gobierno el 29 de agosto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que la captura se habría realizado en el Congreso.
En este sentido, Stornelli avanzó con medidas para identificar a los responsables detrás del canal Carnaval y la repercusión política que generó la difusión de los audios. Además, ordenó a la IGJ precisar la composición societaria de esa plataforma y a ENACOM verificar si la señal tiene o no autorización, dado que los streaming, a diferencia de los canales de TV, no suelen estar regulados oficialmente.
La denuncia original fue presentada por Bullrich a través de Fernando Soto, funcionario y abogado de su ministerio, bajo la figura de violación a la Ley de Inteligencia Nacional. El fiscal ya solicitó citarlo, aunque de momento la justicia no hará un encuadre legal específico contra persona alguna. Según fuentes del expediente, las figuras que podrían barajarse son asociación ilícita, perturbación del orden en ejercicio de la función pública y violación a la ley de inteligencia.
El punto clave será determinar si los audios se originaron en una grabación hecha por alguien que participaba en la conversación —lo que sería legal, aunque parte de una “interna política”—, o si se utilizó un sistema de intervención clandestina, como una captación telefónica o un dispositivo oculto, lo que sí configuraría un caso de espionaje ilegal.
En su dictamen, Stornelli remarcó: “Se infiere que todas o parte de esas grabaciones habrían ocurrido no solo respecto de funcionarios federales de alto rango si no en lugares donde el gobierno tiene absoluta y exclusiva jurisdicción, lo que deja habilitada sin más la competencia de Vuestra Señoría”.
El fiscal fue más allá y sostuvo que “no puede descartarse sino mas bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”.
Por último, advirtió: “De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación”.