«El fiscal Stornelli le dio impulso a la investigación. Se hizo eco de la denuncia del Gobierno en menos de 24 horas», sintetizó Irina Hauser en el piso de «QR!» al momento de referirse a la decisión que la Justicia adoptó este martes en el marco de la causa sobre supuesto «espionaje ilegal». Si bien no se pedirá a los periodistas revelar sus fuentes ni tampoco se allanará el domicilio de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, el de los estudios del streaming Carnaval ni el de sus propietarios, sí se los investigará por la posible obtención ilegal de audios atribuidos a Karina Milei que podrían guardar relación con las presuntas coimas entre el Gobierno y una serie de droguerías.
«En primer lugar, debo decir que en la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista (…) Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente», puntualizó el fiscal, echando por tierra el pedido del Gobierno de que se avanzara en dichos aspectos.
El conductor Pablo Caruso sostuvo que el oficialismo busca “cuidar sus dos bandas: la del dólar y la de la corrupción”, y que la denuncia contra los periodistas se enmarca en dicha lógica de control. Hauser destacó luego que Stornelli pidió información a la Inspección General de Justicia, Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral sobre el financiamiento que recibe Carnaval.
“Es un hostigamiento a los medios de comunicación”, subrayó la periodista en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, advirtiendo que los pedidos de información sobre licencias, facturación y contratos publicitarios buscan presionar a la productora detrás de Carnaval. El economista Hernán Letcher coincidió, y sostuvo que se trata de una maniobra que podría ser interpretada como “un apriete político”.
Sin pruebas, Bullrich insistió con una supuesta operación de espionaje «con vínculos extranjeros» y recordó a Santiago Maldonado
En el estudio se remarcó que la denuncia no solo apunta a esclarecer si hubo espionaje ilegal sino también a impedir la difusión de futuras filtraciones que podrían comprometer a la Casa Rosada. Según Hauser, el dictamen del fiscal “deja todas las ventanas abiertas” para investigar una supuesta operación política de mayor escala, incluso una vinculada a campañas y financiamiento político en relación con el canal de streaming señalado y los periodistas involucrados.
En conclusión, la investigación avanza, pero la discusión pública gira en torno de si el Gobierno intenta frenar la difusión de nuevos audios y, de paso, presionar a medios y periodistas críticos. Ahora será el juez Julián Ercolini quien definirá los próximos pasos en la causa que mueve el piso del poder a menos de una semana de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre.
LB / FPT