El estado de Nueva Jersey implementó un paquete legislativo que modifica sustancialmente la forma en que las autoridades federales de inmigración pueden operar dentro de su territorio. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill rubricó tres proyectos de ley que, según su administración, tienen como objetivo garantizar el respeto al estado de derecho y proteger a todos los residentes.
El contenido de las nuevas normativas
Las leyes promulgadas abordan distintos aspectos de la interacción entre los agentes del ICE y la comunidad. Una de ellas prohíbe específicamente que los oficiales federales utilicen máscaras o cubiertas faciales que oculten su identidad durante operativos, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas. Otra norma refuerza las protecciones a la privacidad de los residentes, limitando el intercambio de información personal con las autoridades migratorias federales sin una orden judicial.
«Estos proyectos de ley demuestran nuestro compromiso con la Constitución y con la seguridad pública de todas las personas que viven en Nueva Jersey», declaró Sherrill a través de un comunicado oficial. La mandataria enfatizó que la prioridad de su gobierno es el bienestar de las comunidades que conforman el estado.
Una orden ejecutiva complementaria
Paralelamente a la firma de las leyes, la gobernadora hizo pública la Orden Ejecutiva Número 12. Esta disposición prohíbe explícitamente al ICE utilizar inmuebles de propiedad estatal para llevar a cabo detenciones o procedimientos relacionados con la aplicación de leyes migratorias. La medida busca evitar que escuelas, tribunales u otros edificios públicos sean empleados en operativos que, según la visión del gobierno estatal, podrían generar temor y disuadir a las personas de acceder a servicios esenciales.
Un portal para denuncias y asesoramiento
Como parte integral de esta nueva política, la administración de Sherrill lanzó un sitio web dedicado. La plataforma cumple una doble función: informar a los residentes sobre sus derechos al interactuar con agentes federales y proporcionar un canal formal para presentar quejas.
En el portal, cualquier persona puede completar un formulario detallado para reportar presuntas irregularidades, como el uso excesivo de la fuerza, registros o detenciones sin la orden judicial correspondiente, o actos de discriminación. El sistema también permite adjuntar material de apoyo, como fotografías o videos que documenten los incidentes.
Las autoridades estatales aseguran que este marco legal y operativo no interfiere con la aplicación de la ley federal, sino que establece pautas claras para que se realice dentro de los márgenes constitucionales. El debate sobre los límites de la cooperación entre estados y el gobierno federal en materia migratoria continúa siendo un tema de alcance nacional.