La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos dictó una sentencia definitiva que respalda la expropiación de la petrolera YPF, llevada a cabo en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal rechazó los argumentos presentados por el fondo de inversiones Burford Capital, que reclamaba una indemnización multimillonaria por considerar la medida como una violación de tratados bilaterales. La decisión judicial estadounidense cierra un largo capítulo de litigio internacional y evita un potencial desembolso de miles de millones de dólares para el Estado argentino.
Un fallo con implicancias económicas y políticas
El proceso judicial se originó tras la decisión del Estado argentino de recuperar el control del 51% de las acciones de YPF, que se encontraban en manos del grupo español Repsol. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, había adquirido los derechos de demanda de algunos accionistas minoritarios y llevó el caso a los tribunales de Nueva York. La sentencia del Segundo Circuito, considerada una instancia clave, establece que la nacionalización se rigió por el derecho argentino y no incurrió en una expropiación ilegal bajo los términos invocados por los demandantes.
La reacción del gobierno: celebración y cuestionamientos
Desde el gobierno nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó el fallo como «una muy buena noticia para todos los argentinos», destacando que consolida la posición jurídica del país y aleja un pasivo contingente de gran magnitud. Sin embargo, la reacción del presidente Javier Milei introdujo un matiz inesperado. Aunque valoró el resultado favorable, el mandatario realizó fuertes críticas a los fundamentos legales utilizados por el tribunal estadounidense, en una postura que analistas interpretan como una coherencia con su discurso de defensa de la propiedad privada y sus críticas a intervenciones estatales.
Un capítulo que se cierra, en un contexto complejo
Este fallo representa un alivio significativo para las cuentas públicas en un momento de extrema fragilidad fiscal y de negociación con otros acreedores. Expertos en derecho internacional coinciden en que la sentencia sienta un precedente importante para casos similares y fortalece la posición argentina en futuras disputas. No obstante, el episodio también deja en evidencia las tensiones dentro del propio gobierno a la hora de evaluar políticas de administraciones anteriores, incluso cuando sus resultados son favorables para el erario nacional. El caso YPF, más allá de lo jurídico, continúa siendo un símbolo de profundas divisiones políticas e ideológicas en la Argentina.