Ana Laura Ferrarotti formalizó ante la Fiscalía las acusaciones contra el interino Leonardo Rodríguez y el electo Juan Álvarez Pinto, en el marco de la controversia por la licencia vencida del jefe comunal.
La concejala Ana Laura Ferrarotti se presentó este jueves en la Fiscalía N°2 de Villa de Merlo, donde ratificó formalmente las denuncias penales impulsadas contra el intendente interino Leonardo Rodríguez y el intendente electo y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto. La presentación se da en el contexto de la controversia por la licencia vencida y el presunto «vacío institucional» en la comuna.
En la Fiscalía, Ferrarotti fue entrevistada por la fiscal adjunta Sandra Aguirre. Allí confirmó ambas presentaciones y solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas sin respaldo legal, tras el vencimiento de la licencia del jefe comunal.
La edil sostuvo que ratificó «las dos denuncias, tanto la del interino como la del intendente electo», y dejó asentado su pedido para que la Justicia analice los actos administrativos firmados desde el 23 de diciembre de 2025 en adelante. Como prueba, presentó actas del Concejo Deliberante, el reglamento interno y la resolución aprobada el 4 de febrero.
La oposición sostiene que dicha resolución podría quedar sin efecto si prospera el pedido de nulidad de la sesión preparatoria realizada ese mismo día, ya que entienden que, de declararse inválida esa instancia, también deberían anularse la sesión extraordinaria posterior y todas las decisiones adoptadas en ella.
La primera denuncia apunta a Rodríguez por presunta «usurpación de título y honores», al haber continuado firmando disposiciones, resoluciones y otros actos administrativos luego del vencimiento de la licencia de Álvarez Pinto. La segunda recae sobre el propio intendente electo por posible «incumplimiento de los deberes de funcionario público», al no haber reasumido el cargo ni gestionado una nueva licencia en tiempo y forma.
Desde la Fiscalía le informaron que el material será incorporado a la causa y que podría ser convocada nuevamente si es necesario ampliar la denuncia. De este modo, el conflicto político desatado en el Concejo Deliberante escala al ámbito judicial, donde se definirá si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.