Ediles opositores de Villa de Merlo presentaron una ampliación de su denuncia penal, acusando a la presidenta del Concejo y al bloque oficialista de modificar el reglamento interno sin seguir el procedimiento formal, en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo.
La situación política en Villa de Merlo continúa en un escenario de tensión institucional. Concejales de la oposición presentaron una ampliación de una denuncia penal ya existente, dirigiendo sus acusaciones contra la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, y el bloque oficialista. Según los denunciantes, se habría impulsado una maniobra para modificar el reglamento interno del cuerpo legislativo, con el objetivo de sostener decisiones previamente cuestionadas ante la Justicia.
La presentación fue realizada por los ediles Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda, quienes ya venían impulsando acciones judiciales en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto y el funcionamiento del Concejo. La nueva denuncia se centra en lo ocurrido durante la sesión del 19 de marzo, donde, según la oposición, el oficialismo habría avanzado con cambios en el reglamento interno sin respetar el procedimiento establecido.
El reglamento interno establece que ninguna disposición puede ser modificada mediante resoluciones tratadas sobre tablas, debiendo seguir un proceso legislativo formal. Los denunciantes aseguran que este límite fue ignorado y que la modificación se aprobó de manera directa. Además, sostienen que durante el tratamiento el texto habría sido alterado, incorporando un nuevo criterio de quórum que no figuraba en el proyecto original.
Para la oposición, esta acción tuvo un objetivo concreto: intentar reacomodar el reglamento para sostener la validez de la sesión preparatoria del 4 de febrero, que ya fue denunciada como nula por presuntas irregularidades. Aquella sesión definió autoridades del Concejo y habilitó decisiones posteriores, como la resolución que prorrogó la licencia del intendente electo. Si la Justicia declara inválida esa instancia, todo lo actuado después podría quedar sin sustento legal.
La ampliación de la denuncia señala responsabilidades concretas, apuntando a la conducción del cuerpo por no haber impedido una votación que, afirman, violó el reglamento. Los denunciantes advierten que los hechos podrían encuadrarse en delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, sostienen que la maniobra podría tener impacto en causas judiciales ya en trámite.
Como parte del pedido, solicitaron medidas de prueba, como registros audiovisuales de la sesión, actas oficiales, libro de asistencia, detalle de las votaciones y testimonios de los presentes, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido en el recinto. La ampliación de la denuncia refuerza el frente judicial del conflicto y profundiza la disputa política en el Concejo Deliberante de Villa de Merlo.