Ana Laura Ferrarotti formalizó ante la Fiscalía N°2 las acusaciones contra el intendente interino y el electo, en el marco de la controversia por la licencia vencida y la situación institucional en la localidad.
La concejala Ana Laura Ferrarotti se presentó este jueves en la Fiscalía N°2 de Villa de Merlo, donde fue entrevistada por la fiscal adjunta Sandra Aguirre. En dicha instancia, ratificó formalmente las denuncias penales impulsadas contra el intendente interino, Leonardo Rodríguez, y el intendente electo y actual ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto.
El contexto de las presentaciones es la controversia generada por la licencia vencida de Álvarez Pinto y el presunto «vacío institucional» en la comuna. Ferrarotti solicitó que se investigue la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas sin respaldo legal tras el vencimiento de dicha licencia.
En declaraciones a ECN, la edil sostuvo que ratificó «las dos denuncias, tanto la del interino como la del intendente electo». Además, dejó asentado un pedido para que la Justicia analice los actos administrativos firmados desde el 23 de diciembre de 2025 en adelante.
Como parte de la prueba, la concejala presentó actas del Concejo Deliberante, el reglamento interno y una resolución aprobada el 4 de febrero. La oposición sostiene que esta última podría quedar sin efecto si prospera un pedido de nulidad de la sesión preparatoria realizada ese mismo día, lo que, a su entender, anularía también la sesión extraordinaria posterior y todas sus decisiones.
La primera denuncia apunta a Rodríguez por presunta «usurpación de título y honores», al haber continuado firmando actos administrativos luego del vencimiento de la licencia. La segunda recae sobre Álvarez Pinto por posible «incumplimiento de los deberes de funcionario público», al no haber reasumido el cargo ni gestionado una nueva licencia en tiempo y forma.
Desde la Fiscalía le informaron que el material presentado será incorporado a la causa y que podría ser convocada nuevamente si es necesario ampliar la denuncia. De este modo, el conflicto político en el Concejo Deliberante escala al ámbito judicial, donde se definirá si existen elementos suficientes para avanzar con una investigación formal.