Ediles opositores presentaron una ampliación de su denuncia penal, acusando a la presidenta del Concejo y al bloque oficialista de modificar el reglamento interno sin seguir el procedimiento formal, en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo.
La situación institucional en Villa de Merlo continúa en desarrollo. Concejales de la oposición presentaron una ampliación de una denuncia penal existente, dirigida contra la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, y el bloque oficialista. La acusación central es que habrían impulsado una modificación del reglamento interno del cuerpo legislativo sin respetar el procedimiento establecido.
Los ediles Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda, quienes ya impulsaban acciones judiciales previas, focalizaron la nueva presentación en la sesión del 19 de marzo. Según su versión, en esa oportunidad el oficialismo habría aprobado cambios en el reglamento ‘sobre tablas’, es decir, sin el trámite legislativo formal requerido por las propias normas del Concejo.
El punto más crítico de la denuncia sostiene que, durante el tratamiento, se habría incorporado al texto un nuevo criterio de quórum que no figuraba en el proyecto original. Para los denunciantes, esta alteración tuvo un objetivo político: intentar validar la sesión preparatoria del 4 de febrero, cuya nulidad ya fue impugnada judicialmente por presuntas irregularidades. Aquella sesión definió autoridades del Concejo y habilitó decisiones posteriores, como la prórroga de la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto.
La ampliación de la denuncia señala responsabilidades concretas en la conducción del cuerpo por no impedir una votación que, alegan, violó el reglamento. Los concejales sostienen que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, e incluso haber impactado en causas judiciales ya en trámite.
Como parte del pedido, solicitaron diversas medidas de prueba, incluyendo registros audiovisuales de la sesión, actas oficiales y testimonios, para reconstruir lo ocurrido. La presentación judicial profundiza el frente legal del conflicto político en la localidad.