Concejales opositores de Villa de Merlo presentaron una ampliación de la denuncia penal contra la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, y el bloque oficialista, por presuntas irregularidades en la modificación del reglamento interno durante la sesión del 19 de marzo.
La crisis política en Villa de Merlo continúa profundizándose. Concejales de la oposición ampliaron la denuncia penal existente y apuntaron directamente contra la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, y el bloque oficialista, a quienes acusan de haber impulsado una maniobra para modificar el reglamento interno y sostener decisiones previamente cuestionadas ante la Justicia.
Según pudo saberse, la presentación fue realizada por los ediles opositores Ana Laura Ferrarotti, Daniel Orué y Lucía Miranda, quienes ya venían impulsando distintas acciones judiciales en el marco del conflicto por la licencia del intendente electo Juan Álvarez Pinto y el funcionamiento del cuerpo legislativo.
En esta nueva instancia, la denuncia se centra en lo ocurrido durante la sesión del 19 de marzo, donde, de acuerdo a la oposición, el oficialismo avanzó con cambios en el reglamento interno sin respetar el procedimiento establecido, en contradicción con las propias normas del Concejo. Según los denunciantes, ninguna disposición puede ser modificada mediante resoluciones tratadas sobre tablas, sino que debe seguir un proceso legislativo formal.
El punto más delicado de la acusación es que, durante el tratamiento, el texto habría sido alterado, incorporando un nuevo criterio de quórum que no figuraba en el proyecto original. Para la oposición, esto no puede interpretarse como un error, sino como una decisión política con un objetivo concreto: “reacomodar” el reglamento para intentar sostener la validez de la sesión preparatoria del 4 de febrero, ya denunciada como nula por presuntas irregularidades.
Esa sesión definió autoridades del Concejo y habilitó decisiones posteriores, entre ellas la resolución que prorrogó la licencia del intendente electo. Si la Justicia declara inválida esa instancia, todo lo actuado después podría quedar sin sustento legal. En ese contexto, la oposición argumenta que la modificación del reglamento buscó evitar ese escenario.
La ampliación de la denuncia también señala responsabilidades concretas, apuntando a la conducción del cuerpo por no haber impedido una votación que, afirman, violó el reglamento que tenía la obligación de hacer cumplir. Por eso, advierten que los hechos podrían encuadrarse en delitos como abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, los denunciantes sostienen que la maniobra podría haber tenido impacto en causas judiciales ya en trámite, lo que eleva aún más la tensión institucional. Como parte del pedido, solicitaron medidas de prueba, como registros audiovisuales de la sesión, actas oficiales, libro de asistencia, detalle de las votaciones y testimonios de los presentes.
La ampliación de la denuncia no solo refuerza el frente judicial del conflicto, sino que también profundiza la disputa política. Lo que está en discusión ya no es únicamente la validez de una sesión, sino si desde el propio Concejo se intentó modificar las reglas para sostener actos cuya legalidad está siendo investigada.