El Gobierno Nacional está convencido de que Aerolíneas Argentinas (AR) es una empresa imposible de privatizar. Al menos por ahora. No es algo que los ministros o el Presidente admitirán en público, pero el propio Presidente ha dicho, en diálogo con diversos interlocutores de confianza, lo que realmente cree que puede pasar con esa empresa estatal estratégica: «Hablamos de estatizarla porque es lo que corresponde desde el punton de vista institucional. Incluso es favorable que haya sido un diputado aliado, y del PRO (por el legislador Hernán Lombardi), el que haya presentado un proyecto de ley para vender Aerolíneas a inversores privados. Quedamos bien con ellos también. Lo cierto es que, así como está hoy la compañía, es imposible que alguien quiera comprarla. La culpa es de algunos de los sindicatos de Aerolíneas que son irreductibles y la generaron tantos conflictos que transformaron a Aerolíneas en inviable».
Fuentes confiables del Gobierno reconstruyeron sus diálogos con Milei frente a Clarín, y explicaron también cómo puede culminar este nuevo proceso conflictivo de la línea de bandera nacional. Lo resumieron así: «Por el momento, entonces, privatizarla es imposible. En la negociación con los gremios aeronáuticos más salvajes nosotros hablamos de cerrarla, lo que también es muy complejo. Una tercera solución sería dictar un procedimiento preventivo de crisis, lo que significa que las autoridades de Aerolíneas y sus gremios deben comprometerse a tomar acciones consensuadas porque la firma podría quebrar o ser entregada a sus trabajadores, que saben muy bien que sin los aportes de dinero del Estado, no podrían hacerla funcionar como se debe».
El asesor más influyente de Milei, Santiago Caputo, habría sido el autor intelectual del proyecto de hacer entrar a Aerolíneas en un Procedimiento Preventivo de Crisis. Tendría ya en su escritorio el escrito legal redactado para implementar esa reorganización si las negociaciones paritarias con los sindicatos irreductibles del sector aeronáutico vuelven a complicarse y generan nuevos métodos de protesta que afectarían a los potenciales clientes de una aerolínea.
La empresa, en los últimos meses se desangró debido a las medidas de fuerza gremiales que marcaron un récord desde el retorno de la democracia en 1983. Aerolíneas aún no cuantificó las pérdidas ocasionadas en la baja compra de pasajes durante la oferta del CyberMonday, por poner un solo ejemplo.
La influencia de Caputo en esta dinámica de negociación con sindicatos, a todo nada, es un hecho. El viernes se logró un primer hito tras tres meses de paros, medidas de fuerza de múltiples incidencias de alto impacto en la opinión pública y repercusión negativa para sus impulsores: hubo finalmente reunión entre directivos de Aerolíneas y representantes de los gremios de pilotos (APLA, al mando de Pablo Biró); del personal aeronáutico (APA), cuyo titular es Edgardo Llano; y de los aeronavegantes (AAA), con el secretariado general bajo control de Juan Pablo Brey.
Se retomaron las negociaciones paritarias y se pactó una tregua hasta que haya resultados concretos en esta nueva etapa.
Los directivos de AR que recibieron a los miembros de los sindicatos fueron dos: Nicolás Sykes y Facundo del Villar. Los dos, alguna vez, fueron afines a la agrupación La Cámpora, de Máximo Kirchner. Ya no. Skyes es hoy el director de Asuntos Legales de AR, el mismo cargo que ocupó durante la pandemia en la gestión K.
¿Por qué el encargado de manejar la relación con los medios de la línea de bandera se sentó en una supuesta paritaria? Del Villar es el hombre de confianza de Caputo (Santiago) en la compañía.
El nivel de huelgas, asambleas y métodos de acción directa para afectar el servicio que repitió durante mas de una veintena de días en las últimas semanas trastoca por completo el sistema aerocomercial de la Argentina (y escaló con mayor intensidad), fue una experiencia única. Jamás los representantes de los trabajadores de AR habían impulsado tantos conflictos seguidos y de espesor variable, pero siempre perjudicando a la empresa estatal, sus pasajeros, e incluso a las compañías privadas que también vuelan en el país.
En el 2001, cuando Aerolíneas Argentina fue privatizada, todos los sindicatos, esta vez con amplio apoyo popular, realizaron nueve días de huelga debido al despido de quinientos empleados de la empresa. Quien estaba al frente del ministerio de Trabajo criticó esa decisión empresaria pero dictó la conciliación obligatoria: era Patricia Bullrich.
Es la misma funcionaria que veintitrés años después, ahora como ministra de Seguridad, ordenó el despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para garantizar que no volvería a pasar lo que ocurrió el martes pasado: el gremio APA, sin anunciarlo de antemano y de modo totalmente sorpresivo, esperó que diez aviones de líneas comerciales aterrizaran en el Aeroparque para dejar a los pasajeros dentro de las naves durante varias horas porque los empleados de Intercargo no acercaron las escalerillas para que pudieran bajar , del mismo modo que tampoco transportaron el equipaje de la bodega a tierra.
Fue una medida de protesta extrema, que puso en riesgo la salud de alrededor de mil pasajeros, generó desbordes dentro de los aviones y el posterior retraso en la salida de una infinidad de vuelos. Demasiado.
La opinión pública ya estaba en desacuerdo con las otras «huelgas», asambleas organizadas como imprevistas que significaron también paros de hecho de los trabajadores de AR, sumadas a más medidas que generaron caos aéreo desde el 10 de diciembre del 2013 a hoy. La gestión Milei sufrió más protestas y acciones directas de los sindicatos de Aerolíneas que en los tiempos en que los despidos intentaron ser totalmente masivos.
Fueron más de 20 operaciones gremiales que se extendieron, sobre todo, en el último mes.
El Gobierno encontró en el paro de Intercargo, con el desastre de los mil o más pasajeros encerrados en las aeronaves, la excusa perfecta para acelerar su plan para Aerolíneas. Las encuestas, y la evidencia en terreno mostraban que la opinión pública y los pasajeros afectados se hartaron del maltrato sindical y apoyan ahora medidas extremas para que AR pueda cumplir sus servicios.
La negociación gremial con las autoridades de la empresa se retomó y ahora se encuentra en una tregua de paz, que incluye nuevas ofertas de dinero para aumentar sueldos de los trabajadores.
El Gobierno anunció que Intercargo dejaría de existir como funcionaba hasta ahora y desreguló el mercado del servicio de pista para asistir a los aviones
Fue un golpe a las protestas radicalizadas. Y profundizó una grieta entre los sindicatos del aire.
Todo había empezado el 14 de agosto pasado, cuando todos los representantes de esos gremios se reunieron en la sede de APLA para acordar un plan conjunto de negociación salarial con la empresa. Estuvieron el anfitrión, Biró; el secretario general de Aeronavegantes, el moyanista Juan Pablo Brey; el jefe de APA, Llano, el secretario general de los mecánicos y técnicos de AR, Ricardo Cirielli. Y la jefa del gremio de controladores Aéreos (ATEPSA), Paola Barrientos, abogada e hija de un histórico jefe de «la 12», la barrabrava de Boca. Las paritarias estaban en un punto muerto. Los conflictos. empezaban a escalar.
En ese encuentro, el gremio de Cirielli decidió no adherir a la decisión extrema que anunciaron allí sus colegas: «No negociamos más con la empresa. Vamos directo a entrar en conflictos, paros. Los vamos a volver locos». De acuerdo a fuentes de la CGT, el peronista Cirielli, crítico de la gestión Milei, planteó una disidencia: «Para entrar en guerra gremial hay que saber cómo salir. Nuestro sindicato no va a seguirlos a ustedes».
Los técnicos de APTA cerraron un aumento salarial del 16 por ciento trimestral, que volverán a renegociar dentro de pocos días.
Esa situación terminó también por desgastar a los sindicalistas más irreductibles.
Hace tres meses que los afiliados a sus gremios no reciben aumento de AR, mientras todos saben que los mecánicos de APTA sí lograron una suba de salario.
Es solo una de las variables que provocó que la semana pasada el resto de los «ultras» cedieran y empezaran una negociación.
Por supuesto, pesó más el clima intolerable que afectaba a los pasajeros de AR: quien sacó un ticket para volver por esa empresa más que un pasaje pagó por una cuestión de fe. Nunca se garantizó la salida y llegada a horario de las aeronaves.
Las últimas semanas, por poner otro ejemplo entre varios más, Biró del gremio de pilotos, suspendió las prácticas en simuladores de sus compañeros. Alrededor de 80 pilotos quedaron en un limbo ya que sin ese entrenamiento no se les permite volar. Aerolíneas canceló sus vuelos regulares a Roma, Cancún y Miami.
Las múltiples protestas de ese estilo se dieron mientras el gobierno difundió los privilegios de los gozan los empleados de AR, como la obligación que tiene la empresa de buscar por sus casas a los pilotos que van a volar en remises exclusivos para ellos. Viajan como únicos pasajeros a pesar de que podrían compartir vehículo si en su barrio, o incluso en la casa de al lado (caso más elocuente), también viviera un colega que a la misma hora debería trasladarse a Ezeiza. Se considera como un derecho adquirido el de viajar en autos de renta en soledad. El costo de ese servicio es multimillonario en dólares para el Estado.
Más escándalo generó la información respecto a la posibilidad que tienen los empleados de AR de adquirir pasajes gratis para viajes internacionales para ellos y sus familiares.
Fue otro golpe al sindicalismo aeronáutico la difusión de un viaje a Madrid que el gremialista Llano realizó justo un día antes de que sus propios afiliados iniciaran una huelga que provocó un caos total en las salidas y llegadas de aviones de diferentes líneas aéreas. Ordenó la huelga pero antes partió a la capital de España junto a familiares.
El Gobierno juega ahora al límite de la presión contra los sindicatos insistiendo en la privatización de una empresa que, en rigor, no es propiedad pública porque se trata de una sociedad del estado, cuyo accionista principal es el Gobierno. No es lo mismo. Si la compañía se rige bajo el derecho privado, se le permite entonces esquivar procesos de compras transparentes como las licitaciones públicas para adquirir o reparar aviones.
La Casa Rosada no cederá en su plan.
Paradojas: ya sin piquetes en las avenidas porteñas, es decir, en la tierra, las Fuerzas del Cielo deben enfrentar ahora novedosos piquetes del aire.