El Gobierno Nacional publicó este lunes un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete Guillermo Francos, convocando oficialmente al Congreso a sesiones extraordinarias que tendrán lugar entre el 20 de enero y el 21 de febrero de 2025.
La agenda incluye temas que el gobierno ya adelantó y generan un importante debate político, que se profundizará en las próximas semanas.
Además de estos tres proyectos de alto impacto político, hay otros: “Ley Antimafias”, “Juicio en Ausencia”, “Reiterancia y unificación de condenas”.
El proyecto de “ficha limpia” ya había generado un debate en 2024, cuando se cayó el acuerdo que anticipaba la aprobación de un proyecto presentado por la diputada Lospennato del PRO. En ese momento hubo acusaciones cruzadas entre sectores de la derecha: desde el macrismo se acusó de un pacto entre el mileísmo y el peronismo. Ahora llega otro proyecto oficial y vuelve a poner sobre el debate la situación política y judicial de Cristina Kirchner. El otro tema que tienen “nombres propios” es la designación de jueces. Desde hace casi un año el gobierno anunciar que quiere aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, resistidos por distintos sectores políticos y de derechos humanos.
Pero el proyecto que implica un ataque más profundo es la llamada “reforma electoral”, que en realidad implica la imposición de un régimen político más reaccionario, donde gana peso la privatización de la política.
Como venimos explicando desde La Izquierda Diario y el bloque del Frente de Izquierda, el proyecto anuncia la propuesta de eliminar las PASO. La izquierda que, siempre estuvo en contra del piso proscriptivo que plantean, denunció que lejos de cualquier reforma progresiva, los objetivos son claramente antidemocráticos: el aumento de los aportes privados (mayor privatización e injerencia del poder económico en el sistema electoral); la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tienen que ceder los medios (censura abierta a quienes no son financiados por los grandes empresarios); la eliminación del financiamiento público para las campañas (buscando atacar el derecho de los electores de acceder por igual a todas las propuestas). Al mismo tiempo, se elevan los requisitos para constituirse como partido político: contar con el 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral; tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas.
En estos días el jefe de gabinete Francos volvió a hablar de los gastos que implican las elecciones. Pura demagogia. La casta política se la pasó discutiendo en los últimos meses de 2024 sobre los sueldos millonarios de sus distintos poderes, internas de LLA incluidas, así como la corrupción que desnudó el caso Kueider, mientras los empresarios llegaron a ganancias extraordinarias en medio de la pobreza y se concretó un nuevo pago al FMI. En ese marco quieren hacernos creer que quieren “democratizar las elecciones” o “terminar con la casta”. En realidad buscan que la política quede en manos de un puñado de fuerzas bancadas o con fuertes relaciones con el poder.
El debate incluyó versiones de distintos medios sobre un pacto entre LLA y Unión por la Patria, que nunca fue desmentido. En ese momento Myriam Bregman denunció el proyecto: “elimina la posibilidad de que la población, a través de las PASO, vaya interiorizándose de quiénes son los candidatos que después va a poder elegir en las elecciones definitivas. Reduce el financiamiento de los partidos políticos del Estado y amplía el de los privados. Si se une todo eso, lo que da es una privatización del sistema electoral y la participación sólo de aquellos que puedan juntar miles y miles de millones de pesos”. Pero además señaló que “lo grave es que se habla de pacto con sectores del peronismo, de Unión por la Patria, para implementarla. Por eso salimos a alertar y a decir ‘bueno, che, expliquen’”.
Desde el bloque del Frente de Izquierda se siguió alertando el peligro de estos proyectos en el comienzo de 2025.
El gobierno anuncia que llamaría a sesiones extraordinarias al Congreso con una agenda completamente reaccionaria, funcional a continuar con su política de ajuste y saqueo. Nadie que se diga opositor puede darle aval a ninguno de los puntos que plantean, incluyendo los distintos…
— Christian Castillo (@chipicastillo) January 10, 2025
En las últimas horas, al conocerse la convocatoria, hubo declaraciones de referentes del peronismo. El jefe del bloque K en Diputados, Germán Martínez, llamó a la unidad de su partido. “Más allá de las diferencias debemos tener un elemento central en común, nuestro votante nos pide estén unidos para parar a Milei”, dijo a Futuröck. “Si priorizamos el contrato electoral con la ciudanía es más fácil conservar la unidad, aún en el marco de la diversidad dentro de un espacio. Porque si se privilegian, como vemos que pasó con Luis Juez, los movimientos electorales, cada uno privilegia lo individual y rompemos el contrato con la ciudadanía” agregó.
Lo del referente del bloque de UxP parece más un llamado a evitar las fugas y negociaciones particulares con la derecha que a una defensa de cualquier derecho político. Con tantos peronistas con peluca que vimos el último año y el caso Kueider, la preocupación no sorprende, pero no es un llamado a rechazar la agenda reaccionaria del gobierno. Mucho menos a “parar a Milei”, si esperan seguir con una oposición discursiva y ninguna resistencia.
Desde el Frente de Izquierda ya adelantaron que debatirán en las comisiones y el recinto, pero que sobre todo llamarán a debatir en los lugares de trabajo, estudio y las calles este intento antidemocrático y la rosca que ya empieza.