Bruselas, 6 feb (EFE).- Sindicatos y organizaciones no gubernamentales europeas han advertido este jueves de que la simplificación de la legislación europea de sosteniblidad que quiere acometer la Comisión Europea en aras de la competitividad económica puede minar las normas laborales, medioambientales o de derechos humanos de la Unión Europea.
Asimismo, criticaron que hay una sobrerrepresentación de los intereses empresariales en las consultas que está llevando a cabo el Ejecutivo comunitario de cara a presentar a finales de mes una primera propuesta «omnibus» para simplificar legislación, según dijeron tras una mesa redonda entre la Comisión y partes interesadas celebrada hoy.
En concreto, en la misma participaron 57 representes de empresas y patronales, mientras que hubo solo dos formaciones sindicales y diez ONG, explicó la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en una rueda de prensa junto a las oenegés WWF, Friends of the Earth, E3G, Share Action y Coalición Europea para la Justicia Corporativa (ECCJ).
«Tenemos que evitar la explotación de las comunidades en las cadenas de suministros y tenemos que obligar a las empresas a cumplir sus obligaciones medioambientales, y la Comisión parece lista para poner rápidamente en riesgo el acervo comunitario cuando se trata de los derechos de los trabajadores, del medio ambiente y del principio de precaución», dijo la vicesecretaria general de la CES, Isabelle Schömann.
Dentro de sus planes para impulsar la competitividad de la economía europea frente a potencias como China y Estados Unidos, el Ejecutivo comunitario ha anunciado una simplificación regulatoria que se prevé empiece por varias legislaciones en materia de sosteniblidad medioambiental y social.
En concreto, la directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, en inglés), que responsabiliza a las empresas de identificar y mitigar su impacto en la sostenibilidad, incluidos los derechos humanos, de su cadena de suministros; la directiva de información de sostenibilidad (CSRD), por la que deben dar datos de este impacto; y la taxonomía, la clasificación europea de inversiones verdes.
Estas organizaciones temen que Bruselas no solo haga ajustes en el modo de implementar estas reglas, sino que reabra completamente los textos legislativos, acordados hace poco más de dos años.
«Si se reabren las directivas, todo se pone sobre la mesa. Las empresas están a favor de esto para poner en cuestión no solo los umbrales, no solo la presentación de información, sino la responsabilidad civil, sus propias obligaciones de rendición de cuentas», dijo Schömann.
Paul de Clerck, coordinador de justicia económica en Friends of The Earth, explicó que para ellos es «crucial» que la directiva sobre diligencia debida mantenga la posibilidad de que quienes vean vulnerados sus derechos puedan llevar a las corporaciones ante los tribunales y la obligación de que las grandes empresas presenten planes de adaptación climática puesto que, de lo contrario, sería «insignificante».
Desde WWF, Mariana Ferreira señaló que la simplificación de estas normas, que hasta ser modificadas aún tienen que ser aplicadas por las empresas, genera una desventaja para aquellas firmas que ya han invertido en sostenibilidad en favor de las que han arrastrado los pies, y puede ser «contraproducente» para las inversiones en la UE al crear incertidumbre regulatoria.
Además de las normas de sostenibilidad, sobre la mesa están una posible simplificación del Mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM, en inglés) – el arancel climático que grava las emisiones de las importaciones – así como un cambio en la definición de las empresas de mediana capitalización para aliviar sus cargas burocráticas, según las organizaciones.
La Comisión no ha publicado hasta el momento la lista de participantes en el encuentro. EFECOM