En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el presidente de la Nación manifestó que gracias a las medidas tomadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, complementadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su gobierno logró bajar la cantidad de piquetes de unos 8.000 en el 2023 a 0 el año pasado.
Pero esa tranquilidad que comenzaron a tener los ciudadanos de poder transitar libremente las calles del país se podría ver afectada por un reciente dictamen del Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, quien el 28 de febrero pasado hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que maneja el líder piquetero, Juan Grabois, que impide al Gobierno excluir de los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» y suspender el pago a sus beneficiarios por participar en protestas, interrumpir la circulación y participar en actos de violencia que alteran el orden público, medidas que están establecidas y previstas para ser aplicadas en disposiciones del ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 84/2024.
En su dictamen, el juez resuelve:
- acoger parcialmente la medida cautelar solicitada por la demandante y suspender las disposiciones contenidas en los artículos 16 inciso 1ero y 2do del Anexo I y del artículo 18, inciso 1ero y 2do del anexo II de la Resolución nro. 84/24
- fijar una caución juratoria a cumplimentar por el representante de la demandante.
- establecer la vigencia de esta medida cautelar hasta el dictado de la sentencia definitiva atento que el grupo colectivo se encuentra incluido dentro del artículo 2do de la ley 26854 por razones de vulnerabilidad (art. 5to, 2do párrafo, ley 26854).
Lo que hay que destacar son los extraños argumentos que utilizó el magistrado para frenar la aplicación de la Resolución 84 /2024 del ministerio de Capital Humano publicada en el Boletín Oficial el 9 de abril del año pasado.
Para un juez, la restricción a los piquetes son ilegítimos
Según Cormick, estas medidas tomadas por el Gobierno tendrían «indicios de ilegitimidad, podrían atentar contra el derecho a ser oído y a defenderse en un proceso administrativo, y podrían generar un daño irreparable a quienes están en la condición de vulnerabilidad.
Hay que destacar el fallo de Cormik, un juez identificado con el kirchnerismo y con la agrupación judicial «Justicia Legítima» suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 84/2024 del Ministerio de Capital Humano, la cual disponía las causales de egreso de los programas sociales y es un pedido de la UTEP de Juan Grabois y se trata de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
La resolución dictada el viernes pasado es en respuesta a un amparo colectivo presentado por la UTEP, cuyo titular es Alejandro Gramajo, y también dirigente del Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico, que cuestionó las condiciones impuestas por la cartera de Pettovello en los programas sociales que reemplazaron el plan Potenciar Trabajo en febrero de 2024.
El magistrado explica que de acuerdo a la solicitud de la UTEP la Resolución 84, ataca las cuestiones de «egreso» de esos dos programas dispuestos por el Ministerio de Capital Humano.
Hay que destacar que el fallo de Cormick suspende parcialmente la aplicación de la Resolución 84/2024 del ministerio de Capital Humano, la cual disponía las «causales de egreso de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social» entre las que destacan:
- el que impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del Programa en forma inmediata procediéndose a suspender el pago del beneficio
- incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes.
También con esta medida judicial podrían recibir programas sociales los que «sean prófugos de la justicia penal y/o correccional nacional, provincial o federal»; «sean titulares de más de un bien inmueble»; «titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a diez años»; «perciban Jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas»; «perciban prestación o subsidio por desempleo» o, entre otros puntos, «hayan viajado al exterior el tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que, por sus características -y a criterio de la Autoridad de Aplicación – sean consistentes con ingresos mayores a los previstos en las compatibilidades establecidas en el artículo anterior».
Lo que sorprende de la decisión del juez Cormick es que entiende que esas disposiciones de la Resolución 84/ 2024 «revisten indicios de ilegitimidad en referencia a los artículos de la resolución que establecían la expulsión inmediata de beneficiarios que interrumpieran la circulación o participaran en actos de violencia».
El escrito explicita que «aceptar la aplicación de los señalados artículos atenta contra el derecho a ser oído del beneficiario», en alusión a la falta de un procedimiento administrativo que garantice el derecho de defensa, sostuvo Cormik.
También interpretó que: «suspender el beneficio en forma inmediata puede generar un daño irreparable», al argumentar que «la vulnerabilidad económica de los beneficiarios hace que una exclusión abrupta del programa sea particularmente grave.
Con respecto de la cláusula que excluye a quienes viajen al exterior, el juez señala sorprendentemente que «esto implica un exceso de discrecionalidad el requisito dispuesto por la Administración, ya que no se establece un criterio claro sobre qué viajes justifican la exclusión. También cuestionó la incompatibilidad por uso de tarjetas de crédito o billeteras virtuales», y afirma que «se estaría fomentando la economía no formalizada y castigando a quienes hayan realizado consumos que superen el salario mínimo, vital y móvil».
El Gobierno apelará la medida que avala los piquetes
De acuerdo a lo que manifestó el vocero presidencial y secretario de Medios, Manuel Adorni, el ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, apelará la medida cautelar dictada el 28 de febrero pasado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 , que le prohíbe al Gobierno dar de baja de programas sociales a quienes participen en manifestaciones y actos violentos.
Desde Capital Humano explicaron a iProfesional que «esta decisión del juez favorece a los piquetes y los disturbios que los mismos ocasionaban».
Con la presentación judicial que se realizará en los próximos días, la Casa Rosada buscará restablecer las disposiciones que permiten excluir de los beneficios que abona el Estado Nacional a las personas que se manifiesten por fuera de las leyes y que participen en actos de violencia. Según la fuente «la medida judicial adoptada va en contra de la resolución que impide evitar extorsiones y aprovechamientos espurios de las distintas corrientes sociales piqueteras».
Desde Capital Humano explicaron a iProfesional que van a rechazar uno por uno los argumentos del juez Martín Cormick para suspender la aplicación de los artículos de la Resolución 84/2024 que permitían excluir de los programas sociales «Volver al Trabajo» y Acompañamiento Social» a quienes participaran en protestas o interrumpieran la circulación.
Entre sus principales argumentos, desde el ministerio de Sandra Pettovello destacan que: «El argumento del derecho a ser oído no se encuentra afectado, limitado, ni restringido de ningún modo por establecerse como causales de egreso de un programa asistencial que el beneficiario ajuste su conducta a la ley al no participar, generar ni promover actos de violencia; ni cortar o interrumpir el libre tránsito de las personas afectando el derecho de sus semejantes».
Al así decidir, el magistrado que resuelve la medida cautelar parte de la premisa – más bien, prejuicio- que la autoridad de aplicación al resolver sobre el egreso de un beneficiario por una de estas causales lo hará bajo una forma arbitraria y sin el debido sustento de los antecedentes tanto fácticos como jurídicos de la decisión, soslayando de esta forma la posibilidad del ciudadano de recurrir dicha resolución administrativa en caso de que la misma no se ajuste a derecho. De ese modo, no existiría tal afectación a la garantía de debido de proceso como la medida.
De ese modo, no existiría tal afectación a la garantía de debido de proceso como la medida cautelar proclama.
La valoración efectuada por parte del juez ha sido efectuada totalmente desde un lugar abstracto, al hablar de que la misma presentaría «indicios de ilegitimidad» pero sin acercar ni un caso concreto de actuación arbitraria de la autoridad de aplicación que lo pueda conducir a expresar dichas conclusiones.
En otro orden de ideas, desde Capital Humano destacan que «la condición de vulnerabilidad de una persona no puede servir de justificación para aceptar que ésta ejerza actos de violencia o contrarios a la ley y que afectan derechos de terceros. No es ya la condición de vulnerabilidad lo que pretende ser castigado por parte el Estado, sino que, por el contrario, dicha condición resulta objeto de tutela.
En este entendimiento, la experiencia ha demostrado el ejercicio de actos extorsivos sobre la condición de vulnerabilidad de ciudadanos que necesitan recurrir a programas sociales por parte de organizaciones sociales, para que éstos formen parte de manifestaciones que alteran el orden público y restrinjan el derecho de circulación de otros ciudadanos».
Por otra parte, explican que «con una vaga e imprecisa argumentación la resolución cautelar pretende concluir que el egreso de los programas por estas causales, que han sido suspendidas, podrían generar un daño irreparable en las personas que sean excluidas; sin embargo, dicho daño según la resolución judicial casualmente no se vería expresada en las otras causales, como ser la verificación de que una persona ha viajado al exterior del país, lo que conduce a concluir que lo que verdaderamente se ha buscado con esta medida es lo que podría definirse como un «favor» o, al menos, una «concesión» a las organizaciones sociales que sacan provecho de sujetos vulnerables.
Además, explican que la cartera ministerial tiene el firme propósito de evitar dichas extorsiones y aprovechamientos espurios de esos colectivos sociales, por lo que apelará la decisión judicial que suspende cautelarmente los dos incisos que establecen causales de egreso a los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social» que describen normativamente actos de violencia o de afectación de derechos de terceros.
«El que corta no cobra», fue una política de shock aplicada por la Casa Rosada para erradicar los piquetes y garantizar la libre circulación que fue puesta a prueba con éxito por primera vez el 20 de diciembre de 2023, es decir a diez días de asumir.
Para esa fecha, los movimientos de Izquierda, encabezados por el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, Barrios de Pie, Movimiento Evita de Emilio Pérsico y la UTEP de Juan Grabois habían anunciado la primera marcha a Plaza de Mayo contra el Gobierno de La Libertad Avanza.
En ese entonces, Pettovello, anunció dos medidas que fueron claves: la confirmación de que les serán retirados los planes sociales a aquellos que corten el tránsito con los piqueteros que organizaron la marcha a Plaza de Mayo; y que desde ese momento ninguna organización que intermedia los subsidios tendrá la facultad de certificar la prestación de un servicio y se les retiró con una simple resolución el principal poder que tenían los jefes de los movimientos piqueteros y que les servía para obligar a participar de movilizaciones a quienes recibían esos planes.
La Resolución 84/2024, firmada por Pettovello el 9 de abril de 2024, estableció la implementación de los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social», en reemplazo del programa «Potenciar Trabajo». de esta manera se formalizó la eliminación del programa Potenciar Trabajo y su reemplazo por dos nuevas iniciativas: «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social»
El Programa Volver al Trabajo quedó bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los beneficiarios a través de capacitaciones, prácticas laborales y apoyo a emprendimientos. Está dirigido a personas de entre 18 y 49 años que no cumplan los criterios de vulnerabilidad establecidos para el otro programa.
Por su parte, el Programa de Acompañamiento Social, administrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, apunta a fortalecer la inclusión social de los grupos más vulnerables.