POLÍTICA
El Gobierno defendió la exposición pública de jueces que habrían favorecido al crimen organizado
El ministro del Interior, John Reimberg, respaldó la nueva Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea el 24 de junio, como una herramienta clave para declarar en emergencia la Función Judicial. Según explicó, esta medida busca responder a una crisis estructural que se ha convertido en un riesgo directo para la seguridad ciudadana.
Reimberg subrayó que la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano ha dejado de ser un problema técnico para transformarse en una amenaza letal: “Hoy, a diferencia de hace 15 o 20 años, la gente muere en las calles por culpa de esa corrupción”. Por ello, defendió la política de revelar públicamente los nombres de jueces que, según investigaciones, habrían beneficiado a mafias con sus decisiones.
El ministro detalló que antes de mencionar a un juez o fiscal, revisa al menos diez procesos. “No es persecución, es rendición de cuentas”, afirmó. Cuestionó que algunos magistrados liberen a detenidos por argumentos como cálculos renales o cirugías estéticas, ignorando el clamor ciudadano por justicia real.
La ley permite declarar en emergencia al sistema judicial para realizar reformas urgentes, acelerar concursos y reemplazar a funcionarios ineficientes. Además, habilita evaluaciones extraordinarias con base en criterios técnicos, sin necesidad de esperar el fin del periodo de los actuales jueces y fiscales.
| La Derecha Diario
Reimberg afirmó que la Policía y las Fuerzas Armadas han cumplido con su labor, pero que sin una justicia limpia, el esfuerzo es insuficiente. Recalcó que esta reforma permitirá “ponerle un alto” a la influencia de mafias en las cortes.
También respondió a cuestionamientos sobre el retraso en la designación de nuevos vocales para el Consejo de la Judicatura. El ministro evitó criticar al Ejecutivo y respaldó al presidente Noboa: “Si lo está haciendo así, debe ser por algo”, declaró.
En un contexto en que la inseguridad es el principal problema del país, la nueva normativa representa un paso firme del Gobierno hacia el fortalecimiento institucional. La exposición pública de funcionarios vinculados con actos dudosos refuerza un mensaje claro: no habrá impunidad.
La gestión del Gobierno prioriza la transparencia y la seguridad como ejes fundamentales. Frente a un sistema judicial comprometido, la Ley de Integridad Pública marca un punto de inflexión para recuperar la confianza ciudadana y combatir las estructuras criminales desde sus raíces.
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